BILBAO - El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, presentó ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la denuncia contra el parlamentario y ex secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, y el dirigente socialista y ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por presuntos delitos de estafa y falsedad documental en el pago de unas obras en varias sedes socialistas en Araba. Ahora, el alto tribunal vasco deberá resolver si admite o no esta denuncia y, en caso de hacerlo, se nombraría un instructor entre los cinco miembros de la Sala de lo Civil y Penal para llevar a cabo la instrucción.

La Fiscalía presentó toda la documentación, así como el escrito de conclusión de las diligencias, después de que el pasado 17 de junio la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la CAV decidiera la pasada semana por unanimidad presentar la denuncia. Esta medida fue adoptada en el curso de las diligencias de investigación 10/2015, seguidas por presuntos delitos de estafa y de falsedad documental en relación al pago de obras en algunas sedes del PSE en Araba.

denuncia anónima El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a una constructora vinculada a Prieto. La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos.

Tras conocerse aquella denuncia inicial, Prieto afirmó que el PSE alavés había contratado obras en distintas sedes con esta misma empresa (Escoiba), aunque también con otras compañías. Además, aseguró que los contratos “se han hecho siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad”. El exlíder del PSE de Araba aseguró que las obras son “todas ellas son demostrables y absolutamente comprobables”.

Prieto explicó que su vinculación laboral con Escoiba, que gestionaba junto a otro socio, se prolongó desde 1992 hasta 2012, año en el que cesó su actividad. Además, aseguró que su actividad política “profesional” comenzó en 2009, por lo que “hubo un pequeño periodo de solapamiento en el que se cruzan ambas actividades”. No obstante, aseguró que desde la mencionada empresa se trabajaba en contrataciones con el PSE “desde antes” y “con toda normalidad”, como otros “afiliados que tenían actividades que eran requeridas por el PSE”.

El dirigente socialista atribuyó la decisión de contratar obras con empresas vinculadas a cargos del partido a la “confianza”, dado que se trataba de unos trabajos sensibles que afectaban a la seguridad de las sedes. Además, recordó que tanto la empresa como el PSE son entidades “de carácter privado” y, por tanto, “perfectamente podían contratar” entre ambas. - E.P.