madrid - El juez de la Audiencia Nacional (AN) Eloy Velasco ha propuesto al Tribunal Supremo (TS) imputar al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga por un delito de integración en banda terrorista, dada su pertenencia al denominado frente de cárceles de ETA a través del Colectivo de Abogados-BL. En una exposición razonada, Velasco detalla al TS los indicios contra él hallados dentro de la investigación del frente de cárceles -en la que indaga delitos de integración en organización terrorista, financiación del terrorismo, delito tributario, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales-, dado el aforamiento del que goza Goioaga en su condición de senador.
Según el juez, Goioaga “formaría parte y, además, con especial relevancia” del frente de cárceles de ETA, dentro del cual destaca una estructura organizada formada por abogados que, aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejerce “sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista”. Velasco afirma que el senador, como parte de ese grupo, realizaba “rondas” o visitas planificadas a los presos de ETA, tal y como se desprende de documentos incautados durante la operación contra los abogados, que dio lugar a una investigación judicial en la que actualmente están imputadas 45 personas. En esas “rondas” los abogados trasladarían a los presos aspectos de su línea de actuación y qué “líneas rojas” no pueden sobrepasar en relación a su situación penitenciaria, es decir, no colaborar con la justicia ni pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.
Según el juez, las hacían dos miembros del colectivo durante dos o tres días consecutivos, varias veces al año, y les permitieron contactar con el 65% de los miembros de ETA en prisión al año, llegando a más del 95% de los centros penitenciarios en los que hay componentes de ETA. En este sentido, el juez destaca la ausencia de visitas a la prisión de Nanclares de Oca, donde se encuentran los internos que han dejado la disciplina de la banda.
Según la investigación, el senador también asistió a cuatro reuniones del colectivo de abogados BL celebradas en el despacho de una de las letradas más relevantes del grupo, Arantza Zulueta, tras ser puesta en libertad en septiembre de 2011. Respecto a su financiación, el juez señala que “sería la organización Herrira la encargada de la misma”, mediante el pago de la asistencia jurídica a los presos.
El diputado de Amaiur Sabino Cuadra enmarcó la imputación de Goioaga en una “operación mediático-política” sin “fundamento jurídico alguno” de la que responsabiliza al Gobierno español, al que acusóde guiarse por una “actitud vengativa e irracional” que no “tiene límites”. - Efe/E.P.
