gasteiz - El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, anunció ayer que el Ejecutivo de Gasteiz impulsará una ley el próximo otoño para dar una “mayor seguridad jurídica” a las víctimas de abusos policiales puesto que, según señaló, el Gabinete de Iñigo Urkullu “mantiene su determinación de que ninguna víctima de vulneración de derechos humanos se quede sin reconocimiento”. Fernández realizó este anuncio un día después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en base al recurso presentado por la Abogacía del Estado, anulara varios artículos del Decreto emitido en octubre de 2013 de “declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco’.

En la misma línea que la trazada la víspera por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, el secretario de Paz y Convivencia afirmó que la sentencia del TSJPV tiene efectos muy limitados, teniendo en cuenta que el plazo de admisión de casos del decreto está ya agotado hace más de un año. “El efecto es muy leve, no está anulado el desarrollo del decreto y tendremos que hacer algún ajuste técnico, pero eso no nos va a crear problemas”, manifestó.

En todo caso, Jonan Fernández apuntó a este diario que, mirando al futuro, la herramienta de la ley va a otorgar una mayor seguridad jurídica y más fuerza al proceso de reconocimiento de estas víctimas. “En un sistema complejo como este, es mucho mejor utilizar la herramienta de una Ley aprovechando la legitimidad propia que nos otorga el Parlamento”, afirmó.

Aunque el decreto puesto en cuestión por el Gobierno español hacía referencia a la vulneración de los derechos humanos ocurridos en el periodo comprendido entre 1960 y 1978, Fernández aseguró a este diario que la ley que se pretende impulsar tendrá una visión más amplia y abarcará también a las víctimas posteriores a 1978. “ Queremos mantener una visión amplia. Queda por abordar las víctimas posteriores a 1978, pero también hay otras víctimas que no son reconocidas y la ley tiene que afrontar esta problemática. Ahora nos queda por abordar del 78 en adelante, pero también todo aquello que haya podido quedar colgado”, señaló. Y entre lo que ha quedado colgado se sitúan las víctimas de torturas, que también serán incluidas en esta ley.

La intención de promulgar esta ley no es una decisión tomada al albur de la sentencia del TSJPV. De hecho, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco lleva casi dos meses trabajado en este sentido. “Para eso, hemos encargado al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) un trabajo de investigación y de presentación de un borrador de texto que, inmediatamente, pondríamos a disposición de todos los grupos parlamentarios en otoño, en octubre o noviembre”, apuntó Jonan Fernández, quien aseguró que con esta ley el Gobierno Vasco “reafirma que su determinación de dar respuesta a todas las víctimas y a los derechos de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, no solo se mantiene, sino que se refuerza”.