madrid - Anticorrupción ha cambiado de criterio y defiende ahora que el PP no debe pagar impuestos por sus donaciones ilegales. El fiscal, no obstante, considera al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede, atribuidos a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, para los que pide 5 años de cárcel. En el escrito de acusación del caso Bárcenas, notificado ayer, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta “ajena al control del departamento de contabilidad”, por lo que les atribuye un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental.
Por estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez. En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaba exentas de tributar en el Impuesto sobre Sociedades, y en un último informe del pasado marzo, a petición del juez Pablo Ruz, Hacienda elaboró un nuevo dictamen “simulando” si habría delito de tener que ser declaradas esas donaciones, todo ello relativo al ejercicio de 2008.
A la luz de este último informe, el fiscal entiende que, en el caso de tener que tributar esas donaciones, “la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630 euros”, por lo que no llegaría a los 120.000 euros de límite para ser considerado delito y, por tanto, cree no está “debidamente justificado” ese delito. Desde abril de 2013, el juez Pablo Ruz reitera en sus autos que tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia (encargada de resolver los recursos que se presentan contra sus resoluciones) y como él mismo, sostienen que si una formación recibe donaciones que vulneran la Ley de Financiación de Partidos Políticos debe tributar por ellas como si se tratase de un ingreso extraordinario. Y el impago de ese impuesto arroja un fraude de 220.000 euros, muy superior al límite establecido para el delito fiscal (120.000 euros).
El fiscal sí mantiene al PP como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el pago en negro de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova. En el tiempo en que fueron tesoreros y gerentes (de 1990 a 2009) Bárcenas y Lapuerta recibieron fondos en metálico aportados al PP por empresarios que no podían hacer donaciones al partido porque lo prohibía la ley. “Del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas”, detalla Romeral, que indica que Bárcenas y Lapuerta llevaban el control de las donaciones y conceptos en que se gastaba ese dinero. Esos ingresos y gastos “se llevaban en unas hojas a modo de contabilidad paralela que cumplimentaba Bárcenas y supervisaba Lapuerta”, explica el fiscal.
Según el fiscal, en 2006 el PP destinó 664.000 euros de la caja B a pagar las obras de Génova y en 2008 otros 888.000 euros. Finalmente, el fiscal imputa a los extesoreros un delito de apropiación indebida por quedarse Lapuerta, con conocimiento de Bárcenas, con 209.550 euros de la caja B destinados a comprar acciones del medio Libertad Digital. - Efe/E.P.
Millones. El caso Bárcenas se fundamenta en la sospecha de que entre 1990 y 2008, con Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas como tesoreros, el PP ingresó en donativos ilegales unos ocho millones de euros que pagaban empresas contratistas de la Administración que tenían prohibido por ley hacer este tipo de regalos a partidos políticos.
