Bilbao - Hace tiempo que el Gobierno español dejó claro que no entraría en una negociación sobre el desarme de ETA y avisó de que, si no entrega su arsenal, será el Estado quien la desarme a la brava y la conduzca a disolverse con golpes policiales. Tampoco ha relajado la política penitenciaria. En los dos últimos años la Guardia Civil ha llevado a cabo tres operaciones contra el denominado frente de las cárceles, arrestando a abogados y miembros de Herrira con el argumento de que solo así los presos se liberarán del control de ETA y podrán pedir perdón. Ayer llegó la cuarta, la Operación Pastor, con la detención de cuatro acusados de integrar un Núcleo de Coordinación o Koordinazio Gunea que agruparía a las organizaciones de apoyo a los presos para asegurar la unidad de acción e implementar las directrices de ETA.

En esta ocasión, la Guardia Civil, en una operación desarrollada bajo la dirección de la Audiencia Nacional, ha puesto la lupa en cuatro personas que trabajan en asociaciones de asistencia médica a los presos y ayuda a sus familiares, con el llamativo dato de que dos de ellas forman parte de Etxerat, organización con cierta notoriedad y presencia pública, que de hecho ha sido la interlocutora habitual de varias instituciones y que hasta ahora había permanecido a salvo de los sobresaltos. En concreto, se ha detenido a Nagore López de Luzuriaga e Izaskun Abaigar, que se han reunido con instituciones al más alto nivel en las últimas semanas. López de Luzuriaga se citó con el lehendakari, y Abaigar formó parte de la delegación que acudió al Parlamento Europeo a denunciar la dispersión. Los otros arrestados, Oihana Barrios y Fernando Arburua, forman parte de Jaiki Hadi, asociación de asistencia médica a los reos. Arburua fue miembro de ETA y cumplió 23 años de cárcel por el asesinato de un guardia civil. Durante la operación de ayer se incautó diversa documentación y no se descartan más detenciones. Luzuriaga fue detenida en Zamudio, Abaigar en Kanpezu, Arburua en Donostia y Barrios en Iruñea.

Tan solo una jornada antes de las detenciones, Mariano Rajoy inauguró en Euskadi las obras del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un acto que el resto de partidos creen que fue monopolizado por el PP. Se lanzaron mensajes en contra de la equiparación de las víctimas de distintas violencias, y pudo servir a Moncloa para dedicar un guiño a determinadas asociaciones de damnificados que desearían que fuera más contundente ante ETA. El lehendakari volvió a toparse con un frontón al reclamar una nueva política a favor de la convivencia, petición que Rajoy fulminó asegurando que, si hay una política de Estado, es el homenaje a las víctimas. Se saludaron con frialdad y no intercambiaron más palabras que las pronunciadas en el atril de oradores. Además, se da la circunstancia de que una de las detenidas ayer, Nagore López de Luzuriaga, formó parte de la delegación de Etxerat que se reunió en febrero con Urkullu. La operación puede suponer el enésimo desaire al Gobierno Vasco al proyectar la imagen de que se ha reunido con una persona investigada por seguir supuestamente las órdenes de ETA.

El mismo día en que se celebraba el acto del Memorial, en el Parlamento Europeo, el PP lograba una fotografía conjunta con UPyD, un partido que lo ha criticado por no ilegalizar a la izquierda abertzale. Los dos partidos y Ciudadanos protagonizaron una rueda de prensa para criticar al mediador sudafricano Brian Currin y las iniciativas a favor de la excarcelación de Arnaldo Otegi. Las detenciones de ayer, los discursos en el acto del Memorial y la comparecencia en Bruselas suman tres mensajes de dureza en los dos últimos días. Sea premeditado o no, en ámbitos estatales se da por sentado que el PP encara el año electoral con ese discurso por bandera, después de haber impulsado la prisión permanente revisable, en la que algunos ven una cadena perpetua encubierta; y tras haber criticado la excarcelación de Valentín Lasarte aunque haya reconocido el daño causado. En determinados ámbitos lo atribuyen a que la amenaza yihadista allana el terreno a los mensajes de dureza en política antiterrorista, a que ese discurso moviliza al electorado conservador y a que la consigna de la recuperación económica podría no ser un gancho electoral suficiente para conceder la victoria a Rajoy en las generales de finales de año.

operaciones Según la nota de Interior, los detenidos formaban parte de un espacio de coordinación “diseñado y liderado por ETA” en el que se definía la estrategia a seguir por las organizaciones del frente de cárceles. Se encargarían de materializar las directrices de la organización armada. Es la cuarta operación de la Guardia Civil desde septiembre de 2013, cuando actuó contra la organización de apoyo a los presos Herrira. En enero de 2014 se puso el foco en los abogados, en la creencia de que controlaban a los presos y les impedían acogerse a la reinserción. Fue en el marco de esa Operación Jaque cuando se detuvo a Arantza Zulueta, a quien situaban dentro de la línea más dura. El pasado mes de enero llegaría la segunda parte, con la detención de doce abogados que después serían liberados, y el encarcelamiento de tres tesoreros de Herrira.

El Gobierno Vasco criticó ayer que no se comunicara la operación a la Ertzaintza y lo aparatoso de las detenciones, que podrían haberse solucionado con citaciones ordenadas. Censuró que se someta a la sociedad vasca “a un tensionamiento periódico innecesario y que se corresponde con un tiempo pasado”. “Si fuera que la intervención que afecte a estas u otras personas estuv iere justificada, ¿no es más proporcionado que se corresponda con una citación ordenada de las personas objeto de investigación?”, se preguntó el portavoz Josu Erkoreka. Sortu acusó al Gobierno español de “empeorar deliberadamente” la situación de los presos de ETA y de pretender acabar con “el apoyo político, social, económico y médico”.