Lasarte-Oria - Ana Urchueguía, la que fuera alcaldesa socialista de Lasarte-Oria durante casi un cuarto de siglo, tendrá que declarar como “imputada” por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos tras haberse admitido a trámite la querella presentada contra ella por el propio Ayuntamiento. El objeto de investigación judicial son las irregularidades detectadas en la concesión de subvenciones a Somoto (Nicaragua) entre los años 2000 y 2010, unas ayudas a la cooperación que la exalcaldesa gestionaba personalmente mediante decretos de alcaldía y sin control financiero, como denunció en 2011 una exhaustiva investigación del Grupo Noticias.
El alcalde de Lasarte-Oria, Pablo Barrio, dio a conocer ayer el auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Donostia en el Pleno del Ayuntamiento, el mismo órgano que en diciembre le autorizó a presentar la querella con los votos de Bildu, PNV y Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria (PCLO).
El escrito judicial justifica la apertura de diligencias previas porque “existen aspectos destacados en la querella que exigen una investigación judicial pues, presuntamente, podrían constituir ilícitos penales”. Como ejemplo, cita que a Urchueguía se le imputa en la querella “un delito de prevaricación que se apoya, entre otras cosas, en ilegalidades o irregularidades formales, tales como la ausencia de dación de cuenta o la inexistencia de anotaciones o resoluciones en los correspondientes expedientes administrativos (cuando la resolución o decisión adoptada lleva consigo disposición de erario público)”.
La querella se sustenta, en parte, en los resultados de la auditoría externa que encargó el Ayuntamiento cuando Bildu relevó al PSE al frente de la alcaldía lasarteoriatarra. Ese documento, presentado en marzo de 2014, constató la ausencia de control financiero de los 2,5 millones de dólares americanos -en torno a dos millones de euros- que durante la citada década Lasarte-Oria envió a Somoto. Un dinero que, además, fue gestionado de “forma directa” por Urchueguía.
El auto judicial también menciona “la falta de justificación de partes importantes de proyectos subvencionados” y “la desviación de fondos públicos relacionada con la forma de gestionar los proyectos subvencionados; se trata de la sustracción de los órganos técnicos de la Administración del destino de algunas partidas o de la opacidad en la gestión”.
Esa gestión personalista y poco transparente ha sido objeto durante años de las críticas de la oposición. Incluso el propio interventor municipal emitió diversos informes denunciando las irregularidades. Sin embargo, la mayoría holgada con la que gobernó durante años la exalcadesa socialista le permitió seguir con esas prácticas.
Entre estas irregularidades que pusieron sobre la mesa tanto la oposición como el interventor estaba la falta de identidad jurídica de la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (Ohlos), una de las tres entidades que recibía las ayudas de cooperación enviadas desde el municipio guipuzcoano. Otra auditoría anterior que realizó la empresa Deloitte detectó facturas y recibos sin sellar. Esto ocurrió en un contexto en el que la propia Urchueguía desarrolló una estrecha ligazón con la ciudad a la que Lasarte-Oria destinaba la mayor parte de su presupuesto para cooperación. Es más, la exalcaldesa se hizo con al menos seis fincas en ese municipio.
El PSE resta importancia El juez considera también que existen “dudas” sobre “la legalidad” de la compra del local de la oficina de hermanamiento que llevó a cabo la propia Urchueguía en nombre del ayuntamiento por un valor de 2,16 millones de las antiguas pesetas. Por todo ello, el auto considera que “existen razones bastantes para incoar el procedimiento penal”.El portavoz socialista en el ayuntamiento de Lasarte-Oria y miembro de la ejecutiva del PSE, Jesús Zaballos, aseguró que “el auto del juez dice que no se ha entrado en el fondo de la cuestión. Además es mejor ir como imputado, porque se tiene derecho a una defensa, que como testigo”. Restó importancia a la admisión a trámite -“ya veremos si se abre juicio oral”, avisó-, y cargó contra el resto de partidos por presentar la querella solo por “interés electoralista”.
