madrid - La Audiencia Nacional comenzará hoy el juicio contra el aparato de extorsión de ETA a industriales y empresarios que desarrollaban su actividad especialmente en el País Vasco y en Navarra y que tenía su “centro neurálgico” en el bar Faisán de Irun, en el que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo policial que desbarató la operación que dirigía el juez Fernando Grande-Marlaska. El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esos hechos a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.

La Audiencia llevará ahora al banquillo de los acusados al yerno del dueño del bar Faisán -este último ya fallecido-, a varios presuntos miembros de ETA acusados de trasladar cartas de extorsión y a algunos empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista.

En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público pide la pena más alta, de ocho años de cárcel, para cuatro de los acusados a los que atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos. Además, reclama que el yerno del dueño del bar, así como otros dos imputados sean condenados a seis años de cárcel por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista. La Fiscalía sitúa en el centro de la trama al dueño del Faisán y considera que en su establecimiento “se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos de los extorsionados” y se realizaban entregas en metálico a “responsables o colaboradores de la organización terrorista ETA en Francia”.

Entre esas entregas figura una de 54.000 euros fechada el 3 de mayo de 2006 que realizaron dos empresarios no identificados utilizando como intermediario al burukide del PNV Gorka Aguirre, también fallecido, que llegó a estar imputado en el procedimiento, cuya investigación concluyó el juez Pablo Ruz en marzo de 2013. El fiscal también atribuye un delito de administración fraudulenta, penado con seis meses de prisión, a cinco miembros del consejo de administración de la empresa de máquinas expendedoras Azkoyen. Todos ellos deberán reintegrar a la compañía 222.374,47 euros, el equivalente de los 37 millones de pesetas que los consejeros sacaron de la caja fuerte de la empresa tras recibir varias cartas amenazantes de ETA, la última en julio de 2001. “Los extorsionados, miembros del consejo de administración, llevados por el miedo y la coacción, no denunciaron los hechos”, señala el fiscal, que apunta, no obstante, que “el cargo falseado es inferior a los 240.000 euros que exige el tipo penal”.

El fiscal también recuerda que el origen de la investigación del aparato de extorsión de ETA -dependiente del entonces número uno de la organización Juan Antonio Olarra Guridi-, se sitúa en la detención en 2001 del responsable de logística de la banda Asier Oyarzabal Txapartegi. - Europa Press