- Amnistía Internacional, uno de los organismos que trabajan a favor de los derechos humanos en todo el mundo, dio ayer un paso al frente para avalar los esfuerzos que se están llevando a cabo en Euskadi para investigar las torturas, un aval que quiso poner sobre la mesa en una comparecencia en la que, en contraposición, criticó la falta de avances en el Estado en ese mismo terreno. No lo vinculó al Gobierno del PP, sino que hizo extensible esa falta de compromiso a todos los ejecutivos que se han ido turnando en el poder. El coordinador de AI en Donostia, Iñaki Hernando, consideró “muy positivo” y “un paso adelante” el informe de investigación de la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013, un estudio encargado por el Gobierno Vasco y presentado recientemente. El informe aún se encuentra en una fase muy preliminar. Por el momento solo se ha elaborado el censo de las denuncias recibidas, que ascienden a 3.587 y contrastan con la exigua cifra de sentencias firmes, tan solo 20, un dato que algunos sectores consideran que pone de manifiesto que en ámbitos judiciales estatales no se han desvivido por investigar las denuncias recibidas. En una segunda fase, el equipo integrado entre otros por el forense Paco Etxeberria analizará el nivel de credibilidad de esas denuncias. En ese contexto, Hernando valoró que el gabinete de Urkullu esté llevando a cabo “no solamente el registro” sino “también la investigación”.

El aval a los trabajos de Euskadi llega en un momento en que España, por el contrario, sigue recibiendo amonestaciones europeas. En determinados ámbitos estatales se ha restado relevancia a las denuncias de malos tratos, se han percibido como un fenómeno muy ligado a los detenidos por pertenencia a ETA y, por extensión, han considerado que esos testimonios no tienen crédito porque acusar a las fuerzas de seguridad de torturar formaría parte de la estrategia de la organización armada, una conclusión a la que llegaron amparándose en documentos con instrucciones incautados a la banda. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en cuatro ocasiones a España por no investigar las torturas, la última de ellas en octubre del pasado año y en los casos de Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun, detenidos como presuntos miembros de ETA y Segi. Recientemente ha admitido a trámite las denuncias de los miembros de la organización armada Igor Portu y Mattin Sarasola. La justicia europea no entra a dilucidar si ha habido tortura y tampoco prejuzga que esa práctica sea sistemática o que las fuerzas de seguridad sean culpables, sino que simplemente pide a España que investigue. Los autores del informe de Lakua matizan que, aunque la mayoría de casos sí se refieran a ETA o a miembros de la izquierda abertzale, también hay denuncias de delincuentes comunes, inmigrantes o sindicalistas.

Reparación En una comparecencia en Donostia, el coordinador de AI en la capital guipuzcoana lamentó que no haya habido “ningún avance” en el Estado “con ningún gobierno”. Su organización ha reclamado tipificar qué es la tortura, el fin de la incomunicación, que se instalen cámaras en los centros de detención, y que las denuncias sean investigadas por organismos independientes. Hernando destacó la importancia del informe de Lakua para dar un paso adelante en la “verdad, justicia y reparación”.

Donostia. Amnistía Internacional celebrará hoy en el centro cultural Koldo Mitxelena en la capital guipuzcoana una mesa redonda bajo el título ‘Pasado y presente de la tortura en el Estado español. Salvaguardas efectivas contra esta lacra’. La charla, que arrancará a las siete de la tarde, contará con la participación de la representante de AI Virginia Álvarez, el miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura Carlos Hernández, el antropólogo forense Paco Etxeberria y el representante de Argituz, Andrés Krakenberger. La mesa será moderada por el periodista Mariano Ferrer y abordará el debate sobre los malos tratos en las detenciones.