MADRID - Un grupo de relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido al Estado español que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana y de reforma del Código Penal porque “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país. La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global. “Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.
Según explican, “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han celebrado en España”, plantean.
En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de incitación y enaltecimiento o justificación del terrorismo, los expertos consideran que “son excesivamente amplias e imprecisas”. “Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”, denuncian.
Desarme de ETA En este contexto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el Gobierno español no esperará “un simulacro” de entrega de armas de ETA, sino que toda la maquinaria del Estado de Derecho está trabajando con “las autoridades francesas” y “si no es por las buenas será por las malas”.
Según señaló el responsable de Interior “la Guardia Civil y la Policía Nacional pueden hacerse cargo de las armas de una organización que ahora mismo está derrotada y vencida”. -E.P.
