Madrid - El Gobierno español podría estar a un paso de recibir otro correctivo europeo en política penitenciaria, como sucedió con la derogación de la doctrina Parot. La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha preguntado a la Comisión Europea si conoce la norma aprobada por el PP que, en la práctica, deja sin efectos la apuesta europea por descontar a los presos la condena cumplida en otros países comunitarios. La comisaria de Justicia, Vera Jourova, desveló ayer que no ha recibido ninguna notificación oficial a pesar de que el 15 de diciembre envió una carta a las autoridades españolas para que precisaran qué mecanismos habían activado para transponer la norma europea. España tiene un mes para responder, hasta el 15 de marzo, y Jourova dejó claro que el criterio europeo pasa por descontar las penas, según la nota remitida por los jeltzales.

Cuando Europa apostó por el descuento de penas, Madrid percibió el riesgo de que decenas de reclusos de ETA se acogieran a esa decisión de 2008 y su excarcelación pusiera en pie de guerra a determinados colectivos de víctimas en un año electoral, al igual que ocurrió tras la derogación de la doctrina Parot. Por ello, el pasado 3 de diciembre, cuando Madrid aprobó una ley que limitaba la aplicación de la norma europea a los condenados tras el 15 de agosto de 2010, algunos sectores interpretaron que había buscado una argucia para evitar excarcelaciones. Para entonces ya había abandonado la cárcel la presa crítica con ETA Carmen Gisasola, una cara visible de la vía Nanclares, pero lo que puso en guardia al PP fue la libertad de Santiago Arrozpide, inductor del atentado de Hipercor.

A partir de ese momento se sucedieron los apercibimientos públicos a los jueces para que se ajustaran a la norma española, lo que provocó que varios magistrados denunciaran injerencias políticas. En una sucesión de acontecimientos que para el PNV ha sido un auténtico sainete, el Supremo terminó apostando por no descontar las penas en el caso concreto de Kepa Pikabea, aunque aún no se ha publicado la sentencia y se desconoce si dejará recovecos para reconducir la situación. Por su parte, la Audiencia Nacional devolvió a la cárcel a Arrozpide por dos atentados de 1986 y 1987. Aunque los presos puedan recurrir al Tribunal de Derechos Humanos, la respuesta tardará años en llegar. Tras el aviso de ayer, el correctivo podría llegar por otra vía: que la Comisión llamara la atención al Estado.

Bilbao opinó que lo ocurrido “consolida la idea de que algunos órganos judiciales demuestran una y otra vez que carecen de la mínima independencia y actúan a las órdenes de un gobierno que se dedicó varias semanas a indicarles por vía oral y por escrito, en público y en privado, lo que tenían que hacer”. Jourova destacó en su respuesta escrita que, con la decisión marco, “la autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del periodo total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el periodo de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia”. Bilbao también defendió que Europa tenga más competencias para corregir las decisiones de los estados que incumplan la carta de Derechos Fundamentales, como podría ser el pacto antiyihadista de PP y PSOE que contiene la prisión permanente revisable.

JUAN LUIS IBARRA En declaraciones a este periódico, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, no se mostró sorprendido por la Comisión, aunque opinó que la fijación de una fecha para aplicar la directiva “produce más problemas de los que resuelve”. A su juicio, la norma española que limita el descuento de penas a condenas posteriores a agosto de 2010 dificulta homogeneizar la legislación, y vaticinó que “en la UE se van a tener que dar muchas explicaciones para tratar de defender que se ha cumplido con fidelidad la decisión marco”.