LONDRES. En un comunicado, AI denuncia que la proposición de ley pactada por el PP y el PSOE incluye "lenguaje vago" y "categorías de delitos demasiado amplias" que resultarían en una violación de los derechos del ciudadano.
"La definición de terrorismo propuesta incluye tantos delitos que prácticamente pierde su significado. El Parlamento debería rechazar cualquier propuesta que pudiera violar los derechos básicos", dijo la experta en terrorismo de AI, Julia Hall.
Según Hall, del texto de la proposición se desprende que "ciertas formas de expresión y asociación, así como el pirateo informático o incluso viajar podría considerarse terrorismo y ser procesado como tal".
"La definición propuesta es excesivamente amplia y algunos elementos son tan vagos que incluso un abogado con experiencia tendría problemas para saber con certeza qué constituye un acto de terrorismo", señala la experta.
Hall añade que "lo que España necesita para combatir el terrorismo es exactamente lo contrario: una definición exacta y precisa de qué delitos constituyen terrorismo, y cualquier medida nueva debe ser necesaria y proporcional a la amenaza real".
Según AI, de adoptarse las enmiendas propuestas al Código Penal, quedarían amenazados derechos y libertades como la "libertad de expresión y asociación, la presunción de inocencia, la libertad de movimientos, el derecho a la privacidad y el derecho a marcharse y regresar al propio país".
AI alerta de que, tras los atentados yihadistas cometidos el pasado enero en París en los que murieron veinte personas y con la proliferación de medidas en Europa para combatir el terrorismo, los Gobiernos "deben velar por asegurar que sus esfuerzos para prevenir futuros ataques no van en detrimento de los derechos humanos".
"El respeto a los derechos humanos es esencial para mantener la seguridad, y no un obstáculo para ese fin", subrayó Hall.
AI señala que, entre las enmiendas que se debaten en España, se incluye esa ampliación de la definición de terrorismo para incluir actos como "alteración del orden público", "resistencia" a las autoridades y apoyar sin saberlo una iniciativa terrorista.
La organización muestra su preocupación por la cláusula que ilegalizaría viajar, o planear viajar, fuera de España para luchar con grupos extremistas o recibir instrucción, "incluso si esa instrucción no tiene lugar o no se produce el supuesto acto de terrorismo".
Según Amnistía, hacer un comentario en las redes sociales que pudiera ser percibido como incitación a cometer actos violentos sería también ilegal, incluso si tal declaración "no pudiera vincularse directamente a un acto violento".
AI recuerda que se agravarían las penas asociadas con el delito ya existente de "justificación" del terrorismo -que, señala, incluye humillación de las víctimas y sus familias- y serían circunstancias agravantes la diseminación de mensajes por internet u otros medios.
La proposición de ley impulsada por PP y PSOE a la que se oponen en principio varios partidos nacionalistas o de izquierdas, propone además que a los terroristas que causen muertes se les aplique la "máxima pena privativa de libertad" prevista en el Código Penal, que con la futura regulación que aprobará próximamente el gobernante Partido Popular será la prisión permanente revisable.
