La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por tres votos frente a dos, no admitir la petición de amparo planteada por los magistrados de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel por las “injerencias” de varios miembros del Gobierno español tras la excarcelación de Santiago Arrozpide y Alberto Plazaola.

El órgano de gobierno de los jueces señala que el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial establece como requisito para admitir las peticiones de amparo que las actuaciones denunciadas no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que, además, influyan en los procesos decisorios. Y, en este caso, según la Comisión Permanente, las críticas de los destacados dirigentes del PP se produjeron después de que los jueces ordenaran la excarcelación de los dos miembros de ETA, por lo que no influyeron en la decisión adoptada por los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, sí es cierto que destacados dirigentes del PP cuestionaron, de manera especial, la puesta en libertad de Arrozpide y mostraron su esperanza en que el Supremo corrigiera lo acordado por la Audiencia Nacional. No hizo falta la actuación del alto tribunal puesto que un magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, mandó de nuevo a prisión a Arrozpide por su presunta implicación en dos atentados cometidos a finales de la década de los 80. En el texto aprobado por el órgano del poder judicial se estima que algunas de las declaraciones públicas realizadas por los responsables políticos “carecen de una justificación mínimamente razonable y son un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema político y de convivencia”. El acuerdo fue aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Los vocales Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, favorables a la admisión a trámite de la petición de amparo, votaron en contra.

Claras injerencias Los jueces de la Audiencia Nacional pidieron a su órgano de gobierno que pusiera fin “a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia”. Los solicitantes acusaron en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender “perturbar” su “independencia”.

En su escrito dirigido al CGPJ, los magistrados de la Audiencia Nacional recordaban que “un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos”. En este contexto, apuntaban que “sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación”. “Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial”, señalaron los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran “inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado”.

Además de las “manifestaciones críticas” por parte de los dirigentes políticos, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional criticaron “el eco mediático de opiniones en prensa, televisión y radio” que les señalaron como “jueces injustos y prevaricadores” junto a la imagen de sus personas.