MADRID - El PNV trasladó ayer al Congreso de los diputados el desencuentro patente entre un sector de la judicatura y el Gobierno del PP. Así, el portavoz jeltzale en la Cámara baja, Aitor Esteban, preguntó al Ejecutivo español su opinión sobre el hecho de que “numerosos magistrados” estudien elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo ante la posible incorrecta transposición de la decisión marco de la UE sobre cómo deben valorarse las sentencias emitidas por otros países miembros.

En su intervención, Esteban apeló al principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo recogido en la Constitución y recordó, asimismo, que trece magistrados del Tribunal Supremo firmaron el pasado mes de diciembre un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno y que los tres miembros de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial por las declaraciones de dos miembros del Gabinete Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quienes acusan de “perturban su independencia”. Para el portavoz del Grupo Vasco estos dos actuaciones de los jueces conforman un “hecho inédito”.

De la misma manera, Esteban recordó que el lehendakari Urkullu lleva dos años ofreciendo un acuerdo en relación al proceso de paz y el final del terrorismo sin haber recibido respuesta por parte de Rajoy. Ello le hace pensar al diputado jeltzale que las acciones del Ejecutivo del PP demuestran que en vez de querer cerrar la carpeta del terrorismo “serenamente” y dando pasos, están empeñados en mantenerla abierta de forma ficticia “presionando a la judicatura quién sabe por qué tipo de interés”.

En su respuesta, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que le sorprende “el interés que desde algunos sectores jurídicos y políticos hay por buscar resquicios a la legislación favorables a los asesinos terroristas”. “Si tenemos que buscar posiciones es mejor estar siempre del lado de los demócratas y de las víctimas que de los verdugos”, apostilló. Unas insinuaciones que, posteriormente, aseguró que no iban dirigidas al PNV.

Separación de poderes Por su parte, la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, destacó ayer “la gravedad inusitada” que, a su juicio, suponen las “injerencias, amenazas y presiones” que soportan los jueces en el Estado español por el Gobierno del PP.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la dirigente jeltzale afirmó que al PNV le están poniendo “complicado para no dudar” de la separación de poderes. “Son los propios jueces quienes están pidiendo amparo ante las injerencias, las amenazas y las presiones que están soportando del Gobierno. Es de una gravedad inusitada en un Estado democrático como el español y en la Europa actual”, señaló Atutxa, quien mostró también su “sorpresa mayúscula” por el nuevo ingreso en prisión de Santiago Arrospide, que “tras estar tantos años encarcelado ahora se le imputa en causas anteriores al 90”.