MADRID - Asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y un nutrido grupo de juristas criticaron desde los estamentos civiles la aprobación de la activación de facto de la cadena perpetua en el Estado español. La portavoz de AI, María Serrano, consideró que, si no existen unos mecanismos “efectivos y flexibles”, la prisión permanente revisable incluida en el nuevo Código Penal puede suponer una “pena cruel, inhumana y degradante”.

La portavoz destacó, durante una protesta en las inmediaciones del Congreso, el endurecimiento de los delitos contra el orden público, la introducción de la prisión permanente revisable y la “constante de todas las reformas del Código Penal”, el olvido de los graves crímenes de derecho internacional. AI cree que la prisión permanente revisable necesita de unos mecanismos “flexibles” que garanticen la revisión de la condena porque si existe “rigidez” puede suponer la introducción de “una pena cruel, inhumana y degradante” en el Código Penal, además de “estar prohibida por normas internacionales”.

Por su parte, la ONG ecologista Greenpeace también denunció que “tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana se sitúan en el marco del llamado derecho de peligrosidad, convirtiendo la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el único valedor de su defensa, lo que tiene como consecuencia directa el incremento del número de infracciones”.

Abuso También se tuvo ayer conocimiento del manifiesto firmado por más de 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas en el que critican duramente la reforma del Código Penal por “beber” de las corrientes más “reaccionarias” y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio “pisotea” la dignidad humana. En el manifiesto, al que tuvo acceso Europa Press, los expertos critican que el Gobierno abuse de su mayoría absoluta para imponer una reforma que, en primer término evidencia una “enorme pobreza técnica”.

Ello explica, según los catedráticos, que la norma incluya preceptos “que superan la Constitución, pero no solamente por sus propuestas de fondo sino también por el deliberado y constante uso de términos ambiguos en la redacción de las normas, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal”. Critican igualmente que se haya prescindido de las elaboraciones jurisprudenciales y doctrinales, lo que arrojará a quienes deban hacer cumplir la reforma “en los brazos de la inseguridad y de la incertidumbre”.

“Las reformas propuestas, además, beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”, advierten. Lo más grave para los profesores es el “claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad”. - DNA/E.P.