La operación Mate contra el llamado frente de cárceles de ETA que la Guardia Civil llevó a cabo el pasado lunes con la detención de 16 personas -doce abogados de presos de la banda y cuatro miembros de Herrira- se ha saldado con la puesta en libertad de todos los letrados y el envío a prisión de tres tesoreros de la organización de apoyo a los reclusos -una cuarta integrante de Herrira fue liberada-. Tras la liberación el martes de las seis primeras detenidas que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional, ayer comparecieron ante el juez Eloy Velasco el resto: siete abogados por la mañana, que también salieron a la calle, y tres miembros de Herrira por la tarde, que ingresaron en prisión incondicional y sin fianza.
Se trata de Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga y Javier Carballido, imputados por los delitos de financiación del terrorismo, integración en organización terrorista, quebrantamiento de medida cautelar respecto de la prohibición de actividades de Herrira, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y delito contra la Seguridad Social. El juez considera que los acusados actuaron, pese a la suspensión de actividades de Herrira, organizando actos de financiación para el sostenimiento del colectivo de presos en los ámbitos social, económico, jurídico, asistencial y médico, informaron fuentes jurídicas.
Por su parte, los siete abogados liberados ayer son Ainhoa Baglietto, conocida por defender a Iosu Uribetxebarria; Alfonso Zenon, Aiert Larrarte, Kepa Mancisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Atxarte Salvador. A todos ellos se les imputa, al igual que a los seis que comparecieron el martes, delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y defraudación del IVA. Como medidas cautelares, el juez les impuso la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado, así como la imposibilidad, durante el tiempo que dure la instrucción, de “realizar visitas organizadas a presos del entorno de ETA” por parte del frente de cárceles.
No obstante, para no “privar el ejercicio individualizado del derecho de defensa”, les permite “las entrevistas individualizadas que necesiten realizar con presos concretos para actos procesales o penitenciarios concretos”. El juez Velasco ya dejó libres hace dos días a otras cinco abogadas -Amaia Izko, Eukene Jauregi, Haizea Ziluaga, Arantza Aparicio y Onintza Ostolaza- y a una de las personas pertenecientes a la organización de apoyo a los presos, Herrira, Nagore San Martín.
Tras la detención de los 16, el Ministerio del Interior informó de que los letrados llegaron a ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA -EPPK en sus siglas en euskera-. Esta operación, denominada Mate, se produjo tras la llamada Jaque de enero del año pasado, que llevó a la cárcel a los abogados de reclusos Arantza Zulueta y Jon Enparantza.
Esta operación, que se produjo tan solo dos días después de la manifestación en Bilbao a favor de los derechos de los presos, y en la víspera de la negativa del Tribunal Supremo a acumular las penas de los reclusos, siguió provocando ayer reacciones. Así, el lehendakari Iñigo Urkullu criticó la existencia de una “intención mediática” detrás de la operación policial, y denunció que “las formas utilizadas no son de recibo”. Agregó que la sociedad vasca “no merece vivir periódicamente sometida a estos espasmos que tensionan su marco de convivencia”.
La plataforma organizadora de la marcha del pasado sábado en Bilbao, Sare, ha pedido por escrito en la Audiencia Nacional la devolución del dinero que el lunes se incautó la Guardia Civil en la sede de LAB, unos 90.000 euros, por proceder de lo recogido en la manifestación. Por otro lado, el próximo día 29 se celebrará el juicio a 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, EHAK y ANV, que tuvo que ser suspendido el lunes a causa de la detención ese día de tres de las abogadas defensoras.
