donostia - Poco más de 24 horas después del arresto de las 16 personas, 12 de ellas abogadas, acusadas de pertenencia a ETA y de dos delitos fiscales al no declarar -según el magistrado Eloy Velasco- ingresos por valor de 1,3 millones de euros, tres agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en la Hacienda foral guipuzcoana para registrar una solicitud de información al respecto. Lo hicieron hacia las 11.50 horas de la mañana según dio a conocer la portavoz del Ejecutivo foral, Larraitz Ugarte, que en la comparecencia de prensa habitual reveló que no había habido contacto previo “ni con la Diputación ni con la Hacienda foral para tratar sobre estos temas de evasión o fraude fiscal”. “La Diputación no tiene ninguna constancia de que los detenidos hayan cometido ningún delito”, aseveró la portavoz foral, que además leyó una declaración institucional en la que el Gobierno que preside Martin Garitano tildó la operación policial como “un ataque contra la nueva vía de paz, democracia y libertad iniciada en Euskal Herria”, puesto que “la Guardia Civil ha detenido a abogados que trabajan en la defensa de los derechos de los presos. Los letrados son testigos directos de la violación de los derechos humanos de los presos y presas, y estas detenciones han violado también el derecho de defensa”.
Por consiguiente y tras subrayar que “el Estado español ha mostrado, de nuevo, su carácter antidemocrático”, la Diputación emplazó “a toda la ciudadanía guipuzcoana para que se adhiera a las iniciativas que se pongan en marcha para denunciar tanto el ataque perpetrado ayer (por el lunes) como todas las injusticias contra la democracia y los derechos humanos”.
“Prudencia” Cuestionadas sobre cómo afrontará el Gobierno foral de Bildu esta solicitud, fuentes del Departamento de Hacienda reconocieron que aún no se ha abordado esta cuestión tras la solicitud del mediodía, si bien subrayaron la obligatoriedad de transmitir la información requerida.
Las mismas fuentes optaron por la “prudencia” a la hora de hacer cualquier tipo de consideración al respecto y evitaron detallar si la solicitud de Velasco se refería a los 16 imputados, a los cinco detenidos en Gipuzkoa o cualquier otro aspecto relacionado con el sumario. Misma línea que tomó la portavoz foral, que no explicó qué tipo de información ni sobre quién se ha reclamado. Según explicó ante los medios, la requerida tiene que ver “con personas que tienen que ver con ese sumario. Tenemos que aplicar la prudencia y hemos de ser precisos a la hora de aportar información”. En el comunicado que envió el Ministerio del Interior el lunes, se recogía que a los detenidos se les imputaba “un delito contra la Hacienda Pública al no haber declarado al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK). Estos gastos fueron sufragados por Herrira”. Las mismas fuentes de la Hacienda guipuzcoana recordaron que la sanción administrativa se convierte en delito al no declarar ingresos por encima de 120.000 euros, por lo que, sin determinar quiénes resultará difícil extraer más conclusiones hasta que el juez Velasco dé a conocer las acusaciones concretas sobre cada imputado. - J. Arretxe
