madrid - La nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se comprometió ayer a dar una respuesta penal “tajante e inmediata” a los casos de corrupción, con la creación de unidades de investigación integradas por fiscales, policías y técnicos especializadas en la lucha contra esta “colosal amenaza”. “El objetivo es trasladar a la sociedad la idea de que delinquir no es rentable”, dijo Madrigal durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, que respaldó su idoneidad para el puesto en sustitución del dimitido Eduardo Torres-Dulce.

En su hoja de ruta, Madrigal anunció la creación de unidades de investigación en las fiscalías provinciales integradas por fiscales, policías y técnicos que refuercen la instrucción de las macrocausas, al tiempo que abogó por “evitar conformidades entre el fiscal y los acusados que no son asumidas por la sociedad”. Pero, además, subrayó la necesidad de “incrementar el control de la ejecución de las sentencias condenatorias” para lograr la recuperación del dinero. Madrigal señaló que ofrecerá nuevas pautas a los fiscales anticorrupción, para dar una respuesta penal “tajante, ineludible, pronta e inmediata” ante la corrupción. “No habrá zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran en contra del interés común”, dijo.

temor a las injerencias En su intervención, elogió el trabajo de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado por haber hecho de la independencia “una bandera de trabajo y de gestión”. Por ello, Madrigal se comprometió a proporcionar medios y el marco normativo e institucional para que los fiscales puedan ejercer sus funciones “con autonomía y eficacia”, al tiempo que ha rechazado la idea de una Fiscalía “teledirigida por el Gobierno”. No obstante, reconoció que teme las injerencias del Ejecutivo, instituciones y medios de comunicación “en una labor jurídica que puede ser interpretada en clave política”. “Procuraremos sortearlo”, ha precisado.

Por otra parte, denunció la ausencia de autonomía presupuestaria de la Fiscalía, así como el “mal promedio” de fiscales por habitante que existe en España en comparación con los países del entorno, por lo que ya ha solicitado al Ejecutivo un incremento del número de fiscales así como de medios materiales.

Madrigal también reconoció que firmó un manifiesto en 2008 contra el aborto, acogiéndose a su derecho a la libertad de expresión, si bien dijo que una cosa es su opinión y otra sus obligaciones a la hora de acatar y hacer cumplir la ley.

Tras su intervención, la mayoría de los grupos coincidieron en considerar que Madrigal reúne todos los méritos y requisitos legales para ocupar el cargo de fiscal general, si bien denunciaron que su llegada al cargo se produce tras la dimisión de Torres-Dulce ante las presiones del Ejecutivo. Un hecho de “extraordinaria gravedad” según la diputada socialista Rosa Aguilar, que para Gaspar Llamazares de la Izquierda Plural evidencia que la Fiscalía General “está en un estado de crisis”.

la querella contra mas Críticas que compartieron el PNV y el portavoz de ERC, Joan Tarda, quien al igual que hizo más tarde el representante de CiU, lamentó la judicialización por parte de la Fiscalía del proceso participativo del pasado 9 de noviembre. De hecho, a preguntas de estos grupos, Madrigal reconoció que apoyó la querella por la consulta alternativa soberanista del 9-N contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros representantes del Gobierno catalán en la junta de fiscales que discutió este asunto.

Tras pasar el examen del Congreso, el Gobierno aprobará definitivamente hoy el nombramiento de Consuelo Madrigal, quien prestará ante el rey su juramento o promesa y tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo en los próximos días.