“ETA debe valorar que si rechaza propuestas como la del desarme, no tendrá interlocutor al otro lado de la mesa”

La propuesta de desarme del Gobierno Vasco ha recibido duras críticas por parte de la izquierda abertzale y algo más matizadas de otros grupos.

-La política funciona por el principio de contradicción, y entonces es habitual pensar que cuando presentas una propuesta nueva tenga reacciones encontradas. Pero es difícil entender un rechazo que no contempla la posibilidad de dialogar.

¿La respuesta de la izquierda abertzale anticipa la que pueda dar ETA, la parte emplazada?

-No lo sabemos, pero de alguna manera en estos temas la izquierda abertzale y ETA tienen que valorar si quieren tener interlocutor al otro lado de la mesa o no. Porque si rechazan estas propuestas de diálogo, como la de Hitzeman o esta del desarme, lo que está claro es que al otro lado de la mesa la silla estará vacía.

Han dicho que su propuesta, como el plan Hitzeman sobre la política penitenciaria, es un brindis al sol.

-Todas las propuestas tienen un valor potencial incierto hasta que se acuerdan y se impulsan. Las nuestras también. Pero el hecho de ponerlas encima de la mesa y plantear un recorrido posible tiene un valor. El que lo quiera negar es que no quiere aceptar los hechos. Y los hechos son que el Gobierno Vasco está presentando propuestas concretas y comprometidas claras.

¿Por qué se hace pública la propuesta solo minutos después del comunicado de los verificadores?

-Porque el balance de lo que iban a presentar los verificadores era realmente escuálido y de alguna manera era el colofón después de un año y después de la operación de febrero [se refiere al vídeo en el que unos encapuchados entregan una pequeña cantidad de armas a representantes de los verificadores], que ya generó dudas, y este balance era reforzar aquella sensación. El Gobierno Vasco quería dejar claro, con contundencia y claridad, que hay una opción para un desarme real. Y este era el momento.

Los verificadores eran más optimistas...

-No tenían otro remedio. La Comisión lo que no puede hacer es fabricar lo que no tiene. Tenía que dar cuenta de lo que tiene, y es muy poco realmente. Forma parte de la tarea de la CIV tratar de valorar lo que tiene, pero sabiendo que es muy poco.

Ha podido parecer una desautorización a la Comisión.

-No sé si lo ha podido parecer, lo que sé es que no lo era. En todo momento hemos estado tratando con los verificadores y esta propuesta que hemos hecho pública el 21 de diciembre ellos ya la conocían, porque les había sido expuesta oralmente y con detalle desde hace prácticamente dos meses. O sea, que no estábamos ante un planteamiento que les cogiera por sorpresa. Además, el mismo 21 de diciembre lo hablamos con ellos para que supieran que se iba a hacer pública.

¿Defiende el trabajo de los verificadores?

-Sí, sí. El Gobierno respeta y apoya el trabajo de los verificadores. Lo que no podemos apoyar son procesos que no tienen efectos.

Parece que hay un cambio de escenario. Hace unos meses el lehendakari no recibió a Jonathan Powell, ahora este asunto de los verificadores... ¿Se le ha acabado la paciencia al Gobierno Vasco y ha querido dar un puñetazo encima de la mesa?

-El mensaje que hemos ido trasladando a los agentes internacionales es que no compartimos la política de intervenciones mediáticas sin contenido, y este año ha habido unas cuantas. Hay que tener en cuenta que este Gobierno lleva dos años en activo, dos años en los que, más allá de apariciones de contenido principalmente mediático pero no real, no ha habido mucho más.

¿Esperaba el Gobierno Vasco un gesto más contundente antes de fin de año?

-Últimamente habíamos perdido la esperanza, pero después de lo que pasó en febrero, después de algún comunicado a mitad de año, sí que esperábamos que antes de terminar el año hubiera algún paso más claro y más serio. Pero todo el mundo tiene que entender que lo mínimo-mínimo sería conocer un calendario. Y para ofrecer un calendario no es problema ni el Gobierno español ni las dificultades operativas ni nada. Es simplemente comprometerse a un calendario. Pero pretender que los demás apoyemos un proceso de sellado sin que lo verifique nadie y además sin un calendario no es serio.

¿Conocía el Gobierno Vasco el alcance de los informes de ETA sobre sellado de armas de que hablaban los verificadores?

-Hay temas sobre los que debemos ser discretos, y este es uno, pero conocíamos los términos del comunicado que se iba a presentar.

¿Les han trasladado los verificadores algún tipo de malestar?

-No, no. Todo lo contrario. Han comprendido que el Gobierno Vasco tiene un papel propio y que tiene todo el derecho a presentar esta propuesta y que es lógico que lo haga.

En lenguaje común, ¿qué significa “sellar” y “poner fuera de uso operativo” armas y arsenales?

-Aquí, no sé lo que significa. En otros procesos, eso ha significado que las armas se depositan en algún tipo de cofre o almacén cuyo acceso queda en manos de un tercero que está aceptado por unos y por otros. Ese tercero tiene el compromiso bien de proceder a la destrucción de ese arsenal o a mantenerlo clausurado. Pero aquí estamos ante un proceso extraño, no se puede hacer como que no existe el papel del Gobierno español.

¿Pero en ese “sellado” las armas estarían inutilizadas?

-En principio, no.

¿Cuál sería el papel de la CIV en el plan de desarme del Gobierno?

-En el Comité de Desarme que propone el Gobierno hay tres agentes principales: el Foro Social, la CIV y el propio Gobierno. Digamos que sería la entidad que tendría que dar cobertura y aval internacional al proceso, por su experiencia, conocimiento, etc.

¿Y el Foro Social?

-También tiene un papel muy importante. Hay que recordar cómo se crea el Foro Social, por qué y para qué, por sugerencia de quién y cómo está, qué fue de la Comisión de notables del Foro Social. En este momento está sin misión. En nuestra propuesta tratamos de recuperar el papel que aquel Foro debía jugar.

Dicen que el plan de desarme es legal y con todas las garantías pero, ¿no podría comprometer a la Ertzaintza?

-No, porque lo que haría la Er-tzaintza y el Gobierno Vasco, en su caso, sería actuar legalmente de forma inmediata. Cuando tuviera algún tipo de información, actuaría como legalmente proceda.

¿ETA podría querer vincular su desarme a una solución al tema de los presos?

-En el contexto actual, creo que lo mejor es decir las cosas claramente. Si realmente están en eso, que lo digan. Pero hasta el momento no lo han explicitado de esa manera. En este momento puede ser una combinación diabólica, que unidas así haga que ni una ni otra se solucionen en mucho tiempo.

Otra tentación, que parece real, es la de dilatar el tiempo a la espera de un nuevo Gobierno en España que sea más proactivo.

-Sí, nosotros tenemos esa preocupación, que haya un interés de cálculo táctico-político de que dentro de un año y medio la situación será mejor. Aparte de que ese tipo de análisis son muy arriesgados, creo que se pierde año y medio y la sociedad va hacia adelante. Hay que ir dando pasos sin parar.