¿La vía Nanclares está ya muerta?

-La vía Nanclares, como vía de reinserción que se abrió en 2009, está muerta, porque el Gobierno actual no sostiene ninguna política de reinserción. Otra cosa es que siga viva en cuanto a la eficacia del discurso de estas personas, que se han desvinculado de ETA, que han reconocido la injusticia del daño que han causado en su pasado, que quieren reparar a las víctimas, que lo hacen de forma individual o pública... En cuanto al valor de la vía Nanclares para la convivencia, sigue muy vigente.

Los encuentros restaurativos han favorecido ahora que se den gestos de convivencia, incluso entre víctimas y victimarios.

-Sí, privadamente siguen comprometidas, siguen haciendo cosas y un caso muy importante fue el que Ibon Etxezarreta fuese al homenaje a Juan Mari Jáuregui, en cuyo asesinato participó directamente. Fue un acto de simbolismo muy fuerte a pesar de no estar recibiendo apoyo; al contrario, de recibir problemas y sanciones.

¿Se está aplicando una legislación e interpretación legal de venganza?

-No sé interpretarlo, la verdad, porque me cuesta entenderlo. Cuesta entender que el camino personal y público que han emprendido una serie de exmiembros de ETA es algo que se quiera invisibilizar e incluso sancionar. No consigo entenderlo, si responde a venganza, a un interés político, que se quiere mantener un discurso antiguo...

¿La dispersión vulnera los derechos humanos, como se dice?

-Ahí hay varios planos de análisis. Desde el punto de vista de la legalidad española, es claro que el principio general es que los reclusos tienen que cumplir en el lugar cercano a su familia, entorno, etc. Las excepciones es lo que hay que justificar. Entonces, una política general de dispersión parece difícil de justificar legalmente. Si acudimos al sistema europeo de derechos humanos, también hay sentencias del Tribunal que recogen que los presos cumplan condena cerca de sus familias. Desde ese punto de vista, se podría entender que la dispersión vulnera este principio de la Convención Europea al derecho a la vida familiar. Y luego hay otro elemento utilitarista, porque ante las dudas, lo que se argumenta es que la política de dispersión es eficaz para conseguir reinserciones y que los presos se desvinculen de ETA, y ese argumento se contesta con los datos: no es cierto. La política de dispersión no consigue que nadie se desvincule de ETA.

Llama la atención que 25 años después de su puesta en marcha, todavía nadie la haya recurrido a Estrasburgo.

-Sí, ciertamente. También ocurre que por parte del colectivo de presos nunca se ha querido utilizar muchos instrumentos legales por no querer reconocer la legalidad.

Hace ya un año que los presos del EPPK asumieron la legalidad, pero poco más se ha movido.

-Eso parece.

¿Qué más deberían hacer?

-Yo creo que al final en todo esto hay una especie de pelea por la memoria. Parece claro que la izquierda abertzale no está por la labor de reconocer la injusticia de la actividad armada, el asesinato, las persecuciones, las extorsiones practicadas por ETA y apoyadas por la mayor parte de la izquierda abertzale. Aquel comunicado de los presos fue una declaración, pero hay que ir a reconocer el error, la injusticia, la inutilidad de la actividad terrorista, armada, de ETA. Creo que por eso no hay más movimientos.