MADRID. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en relación a las excarcelaciones ordenadas para el histórico dirigente Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, y del también miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga.
Tras recordar que la Audiencia Nacional no está de acuerdo sobre esta decisiones -la tomaron los jueces de la sección primera de la Sala de lo Penal en contra del criterio de la Fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda-, la vicepresidenta ha mostrado su comprensión con la ciudadanía y las asociaciones de víctimas.
"Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco", ha dejado claro Sáenz de Santamaría, antes de destacar que el criterio del Gobierno es el de la ley, que dice "muy claro qué se puede y qué no se puede hacer".
Para el Ejecutivo, las decisiones marco de la UE no son aplicables "directamente" mientras no exista una trasposición de esa normativa, tal y como aprobaron recientemente Las Cortes.
De este modo, ha enfatizado, que el Gobierno está "absolutamente de acuerdo con la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo".
"Eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra decisión está en la ley que salió de Las Cortes y que dice claramente que no se puede hacer lo que ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional".
Y ha concluido: "Lo tenemos muy claro y nos llevan a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y tan incomprensibles".
Para las excarcelaciones de los presos de ETA Santi Potros y Plazaola, esta sección tuvo en cuenta el tiempo que pasaron en las prisiones de Francia para rebajar el cumplimiento de su pena en España.
La decisión de revisar las penas de los dos excarcelados podría también suponer la salida de prisión de otros dos reclusos de la banda -Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, y Rafael Caride, Simón.
Como consecuencia de estas discrepancias de criterio judicial el Tribunal Supremo decidirá el próximo día 16 de diciembre sobre cómo debe interpretarse la normativa europea.
El alto tribunal no se reunirá para decidir directamente sobre el caso de Santi Potros, sino en torno a un recurso anterior presentado por otro preso de ETA, Kepa Pikabea Ugalde, pero su decisión creará una jurisprudencia que se aplicará a diversos casos de miembros de ETA e incluso a otros presos.
La Sala de lo Penal del Supremo persigue con su pleno jurisdiccional del día 16 unificar criterios que descarten "las dudas interpretativas" surgidas en la Audiencia Nacional sobre esta cuestión.
