MADRID. Además, tras la retirada de la reforma del Aborto diseñada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, y en la que el Ministerio de Sanidad se quedó en un segundo plano, Mato asumió la responsabilidad de realizar una reforma más limitada de la Ley de Plazos circunscrita a establecer el consentimiento paterno para aquellas menores de 16 y 17 años que quieran abortar.
La intención del Gobierno era llevar a cabo esta reforma a través de la ley de protección a la infancia, un proyecto que entraría en el Parlamento en el Congreso el próximo mes de diciembre. La intención del Ejecutivo era acompañar el proyecto de un plan de apoyo a la familia y a la maternidad. Estos serán uno de los temas que deja Mato a su sustituto, además de un proyecto de Ley para combatir el consumo de alcohol entre los jóvenes o la definitiva implantación de la receta electrónica o la historia clínica digital.
Durante su mandato, la ministra ha logrado el apoyo de los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros y farmacéuticos) tras firmar con ellos un pacto para preservar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que, sin embargo, no ha logrado con los grupos parlamentarios.
Tras una vida dedicada a las tareas de su partido, primero de la mano de Aznar y después como persona de confianza de Mariano Rajoy, Mato fue la elegida por el presidente del Gobierno para coordinar la gestión de la sanidad --cuyas competencias están transferidas a las comunidades-- y lograr garantizar su sostenibilidad, que en 2011 estaba en entredicho. Sobre todo porque los gobiernos autonómicos arrastraban una deuda con sus proveedores de más de 15.000 millones de euros.
En su toma de posesión prometió un ministerio con "capacidad de diálogo" y "reformismo", y en sus primeras intervenciones públicas aseguró que trabajaría "pensando en los pacientes" y se comprometió a garantizar los principios de "universalidad, equidad, calidad y excelencia" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, unos meses más tarde el Programa Nacional de Reformas impulsado desde Moncloa le obligó a acelerar ese "reformismo" y consensuar con las comunidades diferentes medidas para ahorrar unos 7.000 millones de euros, que quedaron plasmadas en el Real Decreto-Ley 16/2012, del 20 de abril.
Una de las más polémicas fue el cambio en las condiciones de acceso a la sanidad pública y el derecho a una tarjeta sanitaria, con el que quedaron excluidos los inmigrantes en situación irregular salvo para casos de urgencia, embarazos, atención pediátrica y por motivos de Salud Pública.
Una medida que fue criticada por todos los grupos parlamentarios, algunas comunidades (incluidas algunas del PP), los profesionales sanitarios y las organizaciones no gubernamentales, que alertaban del riesgo para la salud de los 'sin papeles' que suponía la medida.
La reforma también propició un cambio del sistema de copago de los medicamentos que se compran en farmacia para establecer diferencias según la renta de cada ciudadano. Además, por primera vez obligó a pagar a los pensionistas (un 10% del precio de sus medicinas que, hasta ahora adquirían gratis) pero dejaba fuera a los parados sin prestación.
Pero no fue el único copago, ya que Mato decidió ampliar la medida a determinados fármacos para patologías crónicas que los pacientes deben adquirir en las farmacias de los hospitales, a los productos ortoprotésicos y dietoterápicos, y al traslado no urgente en ambulancias.
COPAGOS DESOBEDECIDOS O RETIRADOS
No obstante, el primero sigue en vigor pero la mayoría de comunidades no lo han puesto en marcha, y el resto no llegaron a ponerse en marcha ya que Mato desistió año y medio más tarde "ante la mejora de la situación económica".
Otras medidas puestas en marcha fueron la desfinanciación de más de 400 medicamentos para síntomas menores, la revisión de la cartera de servicios que se ofrecen en el SNS y la puesta en marcha de una plataforma para centralizar las compras de medicamentos y productos sanitarios.
Además, durante su mandato también ha tenido que hacer frente a medidas autonómicas como la subasta de medicamentos de Andalucía o las tasas de un euro por receta de Madrid o Cataluña, todas ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional.
SIN PACTO EN EL CONGRESO
Además, las críticas generadas por su reforma entorpecieron otro de los objetivos de Mato en materia de sanidad, la búsqueda de un pacto para preservar la sanidad que finalmente sólo ha sido posible con los profesionales (médicos, personal de Enfermería y farmacéuticos) pero no con los grupos políticos.
De hecho, en el Congreso se creó incluso una comisión para tratar de impulsar la propuesta pero los grupos culparon a la ministra de no haber contado con ellos a la hora de tomar medidas.
También le quedará pendiente un gran pacto sociosanitario para que las comunidades coordinen ambos sistemas, necesario ante una población con más enfermedades crónicas.
ÉBOLA: SU ÚLTIMA GESTIÓN
Además, en los últimos meses ha afrontado la polémica generada tras la crisis del ébola, primero con la repatriación de los dos misioneros infectados en Africa, Miguel Pajares y Manuel García Viejo, que finalmente fallecieron, y principalmente tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero, que había atendido al segundo en el Hospital Carlos III de Madrid.
Tras confirmarse el contagio, la ministra compareció en una rueda de prensa criticada por la falta de respuestas que quedaron sin contestar sobre las causas del contagio -que aún se desconocen_y por la sensación de inseguridad que transmitieron.
En esa misma semana la ministra mantuvo diferentes reuniones con los grupos políticos y las comunidades, pero cinco días más tarde el Gobierno decidió constituir un comité especial liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que dejaba a Mato en un segundo plano y sin embargo ella lo vio como un "acierto".
