Lakua defiende la ‘Vía Nanclares’ frente a la “incomprensible” actitud de los presos del EPPK

En este segundo apartado enmarcó el consejero de Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, el hecho de que en lugar de llevar a la práctica los “compromisos políticos” asumidos hace un año, el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) se limite después de la tan anunciada campaña de peticiones individualizadas a demandar el acercamiento a las cárceles vascas pero no con “solicitudes individuales, concretas y definidas”, tal y como establece la normativa vigente en relación a los beneficios penitenciarios.

Sin llegar a comparar estas dos realidades penitenciarias, Erkoreka puso el acento en las características que encierra cada caso. Para empezar, sostuvo que la puesta en libertad de Gisasola se produce como resultado del cumplimiento de la pena que le fue impuesta, no por la aplicación de beneficios penitenciarios.

Esto es así gracias a que los magistrados de la Audiencia Nacional han tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, hace seis años, anuló la aplicación de la doctrina Parot de acumulación de penas y que, además, contabilizaron en la condena cumplida por Gisasola la década que pasó en cárceles francesas, hasta sumar un total de 24 años de privación de libertad.

El consejero, quien ayer compareció junto a la titular de Educación, Cristina Uriarte, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, destacó el “esfuerzo” de Carmen Gisasola y los demás antiguos miembros de ETA que abandonaron la senda impuesta por la banda terrorista para emprender el inicio de su reinserción social a través del “rechazo de los aspectos negativos de su pasado, la asunción de las responsabilidades personales y el compromiso con un futuro de convivencia”.

Y frente a esta opción, el consejero calificó de “incomprensible” que el EPPK no convierta el compromiso adoptado el 28 de diciembre del pasado año de utilizar cauces legales en solicitudes “formales” para que los presos de ETA puedan disfrutar de beneficios penitenciarios como permisos, la libertad condicional o la mejora de las condiciones de internamiento. La reacción de Erkoreka se produce dos semanas después de que el titular de Justicia señalara que las peticiones individuales de los presos serían “un paso positivo”, aunque en aquella ocasión desde el Ejecutivo también se trasladó el temor a que estas demandas “más que solicitudes sean denuncias” por parte del colectivo del EPPK.

Las palabras pronunciadas ayer por Erkoreka provocaron la reacción de EH Bildu, donde consideran que esta visión del Gobierno Vasco ante la situación de los presos de la banda armada “alimenta la política de excepción de Madrid”.

A través de un comunicado, el portavoz en este ámbito de la bancada soberanista, Julen Arzuaga, declaró que el consejero de Justicia “parece que quiere cargar sobre las espaldas de las propias personas presas la responsabilidad de incumplimiento de sus derechos”.

En opinión del parlamentario, Erkoreka sitúa al Gobierno Vasco con sus palabras “a la altura del español, al mismo nivel de insensibilidad con respeto a los derechos de los presos”.

“salto cualitativo” Ante la nula eficacia de las reiteradas demandas del EPPK al Gobierno español para acceder a cárceles ubicada en suelo vasco, este colectivo anunció un “salto cualitativo” en sus reclamaciones que se traducía en recurrir a la vía judicial. Según estas previsiones, medio centenar de presos de ETA tenían la intención de dirigir sus escritos al juez de Vigilancia Penitenciaria, textos en los que también contemplaban incluir quejas sobre la supuesta vulneración de sus derechos.

Fuentes de este colectivo explicaron hace dos semanas que en las citadas peticiones dirigidas a la autoridad judicial cada uno de los reclusos de la banda armada explicaría su “actual situación y su historial de dispersión”, especificando sus traslados a diferentes cárceles alejadas de su lugar de origen.