“Cada vez nos empujan más fuera de España”. La querella de la Fiscalía contra Artur Mas y sus conselleras Joana Ortega e Irene Rigau dejó este poso amargo en un Govern sereno ante lo que considera una decisión tomada al albur de la presión del Gobierno español, con quien, como reconoció ayer la vicepresidenta de la Generalitat, “se nos hace muy difícil negociar”. El órdago de Eduardo Torres-Dulce ha dinamitado cualquier vía de comunicación que pudiera reconducir el proceso soberanista pese a que el fiscal general saliera ayer al paso de las críticas a la injerencia recibida asegurando que la Fiscalía “no actúa a golpe de orden” sino a través de un debate jurídico. En su primera aparición tras conocerse la querella, el president tachó la situación como “altamente decepcionante” pero, desde el sosiego, reflexionó que Catalunya es “un país maduro donde tiraremos adelante con nuestros propósitos, de manera cívica, tranquila, serena, democrática, pero firme, determinada y con coraje”.

Mas lamentó que “da pena que cuando un pueblo como el catalán quiere expresar su opinión y se ponen las urnas, un elemento de democracia real, la reacción acaba siendo tribunales y fiscalías”. “No es lo que queremos, queremos un país diferente de éste”, visualizó el Jefe del Govern, que compartió las sensaciones de sus conselleras querelladas. La número dos de su Ejecutivo trasladó a Madrid que “si dialogar significa renunciar a lo que eres y sientes, Catalunya no tiene nada que negociar”, defendiendo la actuación de los fiscales catalanes, “con independencia y proporcionalidad”, contrariamente a quienes piensan que han sido contaminados por “el ambiente nacionalista” [en referencia al PP]. Ortega censuró que el Gabinete Rajoy haya actuado “por detrás, dando órdenes para evitar dar voz a la ciudadanía”. “Si es de esto de lo que se me acusa, pues he desobedecido”, ilustró, ensalzando un proceso donde “todo ha sido democrático, pacífico, como los genes que tenemos los catalanes”, y recordando que al 9-N le llamaban la revolución de las sonrisas, lo que a su entender ofrece una idea del espíritu de la consulta, donde admitió que votó por el doble sí.

Corroboró sus palabras la responsable de Educación del Govern, apenada por lo que nace de una “evidente presión política”. “Debemos intentar que este hecho no nos aleje ni un milímetro de nuestra tarea diaria”, zanjó Rigau. Les arropan el resto de miembros del Ejecutivo catalán, como valoró el portavoz Francesc Homs, describiendo la querella como un golpe que no va “contra unas personas concretas, sino contra la forma de hacer del pueblo catalán”. Todas las formaciones del bloque del 9-N hicieron piña en torno al Govern, incluido el PSC. El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardá, expresó su “solidaridad” con Mas por el movimiento del fiscal general, “es decir del PP”, y advirtió de que “no nos van a amedrentar”. Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) apeló a las plebiscitarias como solución porque “solo de igual a igual, de Estado a Estado, podrá existir una relación política positiva entre las dos partes”.

Entre tanto, Torres-Dulce tildó de “exageración y absoluta falta de veracidad” decir que hay “fiscales rebeldes o amotinados”; mientras que la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, negó una actitud “reaccionaria” por parte de los fiscales catalanes. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que “se ha acreditado la absoluta falta de ningún tipo de influencia por parte del Gobierno hacia los fiscales”. Visión que, salvo en el PP, no encuentra adeptos, y menos en Convergència. Para su coordinador general, Josep Rull, “la gran fábrica de independentistas se llama PP y Mariano Rajoy”, valoró poco antes de que el presidente español se limitara a mencionar la vía del entendimiento y el pacto para solucionar los problemas políticos pero “sin engaños ni mitificaciones”. Axiomas desgastados y que, ante la querella de la Fiscalía General, quedan huecos.