- Por unanimidad. Los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidieron sin disidencias no presentar la querella contra Artur Mas por el 9-N en una asamblea extraordinaria en la que ni se sometió a votación el asunto ante el total acuerdo de todos los participantes en la reunión, y que desembocó en un informe de diez páginas remitido a Madrid donde se desmenuzaba con argumentos jurídicos por qué no existía un delito de desobediencia. Esto era así, a su entender, porque no había ningún requerimiento formal del Tribunal Constitucional (TC) dirigido a ninguna persona en concreto y sobre qué aspectos del proceso debían ser interrumpidos. Aunque en el mismo texto se criticaba que el Govern haya empleado argucias jurídicas para culminar el proceso participativo, este posicionamiento sin fisuras ha abierto una crisis sin precedentes en la Fiscalía, al provocar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya convocado a la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano de la carrera, para que se cite hoy y decida si presenta definitivamente la querella contra el president y varios de sus consellers. Todo apunta que el fiscal general se saldrá con la suya pero, de no ser así, la historia podría desembocar en su dimisión irrevocable. La Fiscalía catalana acatará la orden que le dé Torres-Dulce si éste decide querellarse.
Por de pronto, la Generalitat considera “intolerables” las presiones del Gobierno español y del PP sobre la Fiscalía para que presente una querella contra el Jefe del Govern, y es que según su portavoz, Francesc Homs, “las ha habido, las hay, y hay que denunciarlas”. A juicio del conseller de Presidència, es “deplorable” que aún se continúen escuchando declaraciones procedentes del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy y desde Génova cargando contra el proceder del Ministerio Público. Tras la reunión que mantuvo ayer el Consell Executiu, el Ejecutivo catalán advirtió de que estas injerencias en el poder judicial “devalúan” el Estado de derecho y dicen “poco” del Gobierno del PP. “Por el contrario, nosotros tenemos la convicción y la certeza de que todo lo que hemos hecho era plenamente legal”, zanjó Homs, quien esgrimió que el pasado 7 de noviembre el Govern pidió una aclaración al TC sobre el alcance del requerimiento, del que todavía no han recibido respuesta. También el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, censuró la “presión monumental del Gobierno español y del propio PP” sobre el Ministerio Público, y que ha llevado a la Fiscalía a “cambiar de opinión y a presentar una querella”. “La judicialización de la cuestión es nefasta y hace todavía más difícil la solución de la cuestión catalana”, reprochó.
Lejos de darse por aludidos, el PP atacó el posicionamiento de los fiscales catalanes, con el fiscal superior José María Romero de Tejada a la cabeza, al apreciar que “están contaminados por el ambiente nacionalista”, como si desde la Fiscalía General no hubiera posibilidad de caer en una contaminación similar. Fue el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, quien no tuvo reparos en afirmar que “el problema es que el ambiente generado por la Generalitat y los poderes oligárquicos fácticos en Catalunya han hecho todo lo posible para no interponer la querella pese a lo que son claros delitos ante los ojos de todos los españoles”.
Desde Euskadi, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que Torres-Dulce “se saca de la manga” procedimientos para querellarse contra Mas, y que las decisiones del “establishment español” sobre Catalunya degradan “la calidad democrática del Estado”. El jeltzale precisó en Radio Euskadi que los pasos adoptados por Madrid “en cualquier otro país europeo exigirían dimisiones y aquí se premian con medallas”.
