méxico - Los familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre pasado en Iguala a manos de policías corruptos y del crimen organizado aseguraron ayer que mientras “no haya pruebas”, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos “vivos”. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”, afirmó Felipe de la Cruz, uno de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, en una conferencia de prensa desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Además, acusó al Gobierno mexicano de seguir “torturando de manera descarada a los padres de familia” y de intentar tratar de cerrar el caso antes del viaje del presidente Enrique Peña Nieto este fin de semana a Asia, que supone una muestra -dijo- de su “irresponsabilidad” ante los problemas del país.
La Fiscalía mexicana dio ayer por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala tras detener a los autores confesos del crimen, en medio de la indignación de los familiares de las víctimas, que exigen más pruebas y siguen esperando encontrar con vida a los jóvenes.
En una rueda de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República, (PGR, fiscalía), Jesús Murillo, anunció la detención de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos -Patricio Reyes, Jhonatan Osorio y Agustín García-, quienes dijeron haber asesinado a los jóvenes y quemado sus cuerpos.
“No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo, ¿qué tengo que hacer ante esa certeza? Identificarlos”, señaló Murillo al presentar una reconstrucción de los hechos.
Aclaró que a los estudiantes “los quemaron” y “enterraron con todo y ropa” en un vertedero del municipio de Cocula, adyacente a Iguala, después de ser detenidos el pasado 26 de septiembre por policías municipales corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron. El fiscal detalló que los tres detenidos fueron capturados “hace ocho días”, justo cuando la PGR llevó a la prensa nacional e internacional hasta el vertedero.
Hasta el momento han sido detenidas 74 personas y están por cumplimentarse diez órdenes de captura, entre ellas la del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores.
En su relato, Murillo reveló que antes de ser incinerados algunos de los estudiantes “estaban muertos o inconscientes”.
Tras prender fuego a los cuerpos amontonados, los tres autores confesos de los hechos vigilaron la fogata durante más de 14 horas y cuando se apagó la hoguera y se enfrió, metieron los restos de ceniza y huesos en ocho bolsas de basura y los tiraron a un río cercano. Casi todas las bolsas se rompieron, pero hubo dos que se lanzaron al río intactas y, tras una búsqueda en el agua, se encontró una de ellas cerrada y llena de los restos que van a ser analizados.
identificar los restos “Hay muchos indicios que nos podrían indicar que son” ellos, dijo el fiscal, pero “la obligación de la autoridad” es “mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total” y se hagan todos los esfuerzos para identificar los restos. Por esta razón, la fiscalía confirmó que seguirá considerando a los 43 jóvenes como “desaparecidos” hasta que los restos sean identificados por un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck (Austria) al que se ha encargado la tarea.
Se trata de estudios “de ADN mitocondriales” que son “complicados por la extrema calcinación de los restos”, por lo que no hay fecha definida para la entrega de los resultados, reconoció Murillo. Respecto al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, detenidos esta semana después de huir de la Justicia durante más de un mes y señalados como autores intelectuales del crimen, el fiscal reiteró que el edil dio la orden de reprimir a los estudiantes el día en que desaparecieron.
Pocos minutos después, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto admitió en un acto público que los “hallazgos presentados” por el fiscal “indignan y agravian”, y prometió continuar los esfuerzos para llegar la verdad y castigar a todos los que participaron en esos “crímenes abominables”. Las explicaciones ofrecidas por la Fiscalía, que en México depende del Ejecutivo, y de Peña Nieto, no dejaron satisfechos a los familiares de las víctimas, que pocos minutos después expresaron su indignación desde la Escuela Normal (de magisterio) Rural de Ayotzinapa (Tixtla, Guerrero), a la que pertenecían los jóvenes.
La Normal de Ayotzinapa, fundada en 1926 para dar educación a hijos de campesinos y obreros, tiene un largo historial combativo, una ideología de herencia comunista y es considerado un semillero de líderes guerrilleros, pues de allí salieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Según versiones filtradas a la prensa, un líder de Guerreros Unidos detenido en las últimas semanas declaró que el día de la desaparición de los jóvenes, que se habían apoderado de varios autobuses privados para desplazarse, entre ellos se encontraban miembros del grupo mafioso Los Rojos, sus rivales en la zona.
Murillo aclaró que “no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno”.
Amnistía Internacional lamentó ayer que Murillo no admitiera que es un “crimen de Estado” y aseguró que las líneas de investigación “han sido limitadas e incompletas”.
El fiscal reconoció que se trata de un “caso típico de desaparición forzada” y de homicidios, pero descartó “un crimen de Estado”, algo que -añadió- “es una cosa mucho mayor”. - Efe
