de todos los análisis que he leído y escuchado en las últimas semanas a propósito de la corrupción, ha habido un que me parece especialmente certero. Lo firman nada menos que cinco asociaciones de jueces, fiscales y agentes tributarios. Se ve que saben de lo que hablan.
Hay un par de puntos que según me contó el coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi, Jaime Segalés, son la piedra angular. Tiene que ver con los medios adecuados para que ellos puedan hacer su trabajo, con más presupuesto y especialización, mayor número de recursos en juzgados y en agentes que investiguen, poner fin a ese desbordamiento que vemos por ejemplo en el caso Gürtel, con seis años ya de instrucción. Normal. Un juez de la Audiencia Nacional no puede estar a tantas cosas tan complejas a la vez.
Pero la verdad, a mí me han interesado otras medidas sobre las que vengo dándole vueltas sin acertar a explicarme cómo no se han adoptado aún. Ni antes con el PSOE ni después con el PP. Especialmente grave es en este segundo caso donde la máquina de hacer decretos por vía urgente, sin ni siquiera un debate parlamentario, ha funcionado a tope estos tres años.
Me refiero, por ejemplo, a contemplar como delito en el Código Penal la financiación ilegal de los partidos políticos. Tengo una teoría. En este apartado no se ha culminado la transición. En otros muchos, tampoco. La legalización de partidos, su vuelta de la clandestinidad tras el franquismo, la escasa o nula tradición de gobierno de algunos de los que desde entonces han ocupado el poder obligó a improvisar un sistema de financiación que, siendo suave, podríamos calificar más como “alegal” que “ilegal”.
Es un secreto a voces que todos los partidos han venido empleado mecanismos de financiación por fuera de las asignaciones del Estado. Unas más corruptas y otras más cercanas a la entrega por afinidad ideológica. Pero siempre por fuera de ese control que, por otra parte, ha sido laxo hasta la indolencia. Y el monstruo ha ido creciendo; lo que pudo haber sido una práctica opaca pero con fines más o menos nobles ha derivado en esta podredumbre. El escándalo de Filesa debería de haber servido para una profunda revisión. Pero no.
Lo que ha ocurrido es que han proliferado ventanillas, “fontaneros”, captadores de fondos que en nombre del partido lo han ido desviando a sus cuentas particulares. Sabían que ese dinero viene de origen marcado y que sustraer parte de esa financiación para beneficio propio salía barato porque nadie, ni entregador, ni receptor ni intermediario, quería desvelar el mecanismo. Y así se ha ido multiplicando en las más diversas instituciones este mal que hoy nos acucia y, sobre todo, nos hace más pobres.
Estamos viviendo en una democracia más aparente que real, más enferma que sana, incapaz de regenerarse si no se acomete un nuevo proceso constituyente que cierre definitivamente la transición y aborde éste y otros problemas que se han evidenciado como un lastre durante estas casi cuatro décadas. Entre esas revisiones debería estar también el debate sobre la Monarquía o la República y, particularmente en lo que más interés nos puede suscitar, el reconocimiento de las naciones a decidir su futuro en libertad. Es preciso un cambio tan profundo sobre cuestiones nucleares que no valen nuevos parches legales.
He citado la financiación de partidos porque me parece que está en la fuente de otros problemas ya detectados y para los que estos colectivos también reclaman solución: una nueva ley de suelo, más controles en la adjudicación de obra pública o una reforma legal que dote a quien debe investigar y juzgar de herramientas modernas adecuadas a esta nueva forma de crimen organizado. Lo contaba la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice: estamos juzgando delitos del siglo XXI con procedimientos del XIX.
Pero mientras llegan estas reformas pendientes desde hace tanto tiempo, al menos convendría un poco de decoro en algunos de los representantes institucionales para que no se extienda la alarma social que, por primera vez, me parece muy justificada. Me alarma, por ejemplo, que ni el Jefe del Estado ni el presidente del Gobierno digan algo sobre la corrupción cuando hablan ante empresarios y nada menos que en Alicante, ciudad aún gobernada por uno de los peores ejemplos de Alcaldía corrupta. Ya, que existe la presunción. Sí, pero también las grabaciones de sus chanchullos con el capo de la construcción de turno. O que Matas salga de la cárcel por deseo expreso del Gobierno de Rajoy pese al informe desfavorable de la prisión. Con estos mimbres es imposible regenerar nada. Es necesario que los votos les saquen de donde están.
