Madrid - La corrupción cerca al PP de Mariano Rajoy quien, en su línea habitual, sigue haciendo el don Tancredo. Mientras el jefe del Ejecutivo español y líder de los populares persiste en su discurso de “España va bien”, los casos de corrupción se van acumulando en los sótanos de la sede de Génova. Si la semana pasada fue el juez Pablo Ruz quien imputó al exministro y ex secretario general de los populares Ángel Acebes por su implicación en una compra de acciones financiada supuestamente con la caja B del partido, ayer el magistrado Eloy Velasco asestó un golpe a la línea de flotación del PP de Madrid con la detención del exconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle. Todos estos regidores pertenecen al PP, menos el de Parla que es del PSOE y el de Serranillos del Valle, que milita en la agrupación Unión de Demócratas Madrileños. Asimismo, en León fue detenido el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, que tomó posesión de su cargo el pasado 30 mayo en sustitución de Isabel Carrasco, asesinada el día 12 de ese mismo mes. Martínez estaba considerado asimismo como el máximo candidato a presidir el PP de León, cuyo congreso se celebrará en las próximas semanas.

En la Operación Púnica, en la que tomaron parte alrededor de 150 agentes de la Guardia Civil, se detuvo a un total de 51 personas, a las que se les acusa de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y lograr adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años. Además de Madrid y León, se produjeron también detenciones y registros en Valencia y Murcia. Junto a los arrestos, se llevaron a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil procedieron a 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como a 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

La operación se inició el pasado mes de enero después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo. A través de los datos obtenidos de las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez Velasco incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.

Comisiones por Contratos Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas. Se dedicaban a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios. Los dos conseguidores de las adjudicaciones eran los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca.

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Francisco Granados y David Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.

Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción, aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

A través de los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil se comprobó que los políticos implicados movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel. La investigación también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.

Toda la operación estuvo a punto de irse al traste por el chivatazo de un agente de la Guardia Civil que informó a Granados de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza. Durante la investigación a esta trama se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados, y los agentes de la Guardia Civil descubrieron que un compañero habría alertado a Granados de las pesquisas que se estaban realizando. El agente ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, aunque no se encuentra entre los detenidos en esta operación.

La operación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia nacional sigue abierta y los detenidos se encuentran en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y a el cuartel madrileño de Las Rozas. En esta dependencia se encuentra Francisco Granados.

Declaración de Acebes En este contexto, el juez Ruz interrogará hoy a Ángel Acebes y le preguntará si permitió el uso de dinero de la supuesta contabilidad B del partido para comprar acciones de un medio de comunicación, en concreto Libertad Digital. Ruz ha citado a Acebes a raíz de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que analiza la operación de compra de acciones de Libertad Digital (LD) en 2004 por unos 400.000 con fondos que pudieron provenir de la caja B que manejaba el extesorero Luis Bárcenas.

Fue precisamente Bárcenas, en prisión desde hace más de un año, quien relató al juez Ruz que Acebes autorizó el uso de este dinero al también extesorero Álvaro Lapuerta, quien deberá asimismo comparecer como imputado para aclarar este aspecto de la investigación.

Los otros citados para hoy, en unas declaraciones que se celebrarán desde las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Goya, son Antonio Vilela, de la constructora Rubau, y, como testigos, el expresidente de LD Alberto Recarte y los accionistas Alberto Dorrego y Borja García Nieto.

En este auto, el juez Ruz también constató la existencia de una segunda caja B destinada a pagar la sede del PP en Bilbao, algo que ha sido negado por los actuales responsable de los populares de la CAV. En concreto, Bárcenas habría desviado para ello un millón de euros.

Francisco Granados. Alcalde de Valdemoro (1999-2003). Desde 2004 números dos de Esperanza Aguirre. Exconsejero de Presidencia en Madrid.

Marcos Martínez. Presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros. Presidente en funciones del PP de León.

David Marjaliza. Empresario. Comenzó su carrera, vinculada a la gestión inmobiliaria, a finales de los años ochenta.

Alejandro de Pedro. Empresario. Fundó una consultoría dedicada a la reputación de personas.

Alcaldes. José Carlos Boza (PP) alcalde de Valdemoro. José María Fraile (PSOE) alcalde de Parla. Agustín Juárez (PP) alcalde de Collado Villalba. David Rodríguez (PP) alcalde de Casarrubelos. Gonzalo Cubas (PP) alcalde de Torrejón de Velasco. Antonio Sánchez (Unión Demócratas Madileños) alcalde de Serranilllos del Valle.