MADRID - “No caben astucias ni atajos”. La advertencia se tornó real. Mariano Rajoy se ha puesto manos a la obra y, por si el Govern halla algún resquicio para dotar a la consulta alternativa de un marco legal que trascienda del mero proceso participativo, ha encargado a los servicios jurídicos del Estado informes sobre las actuaciones del Ejecutivo de Artur Mas que, previsiblemente, podrían deparar una nueva suspensión del proceso por parte del Tribunal Constitucional. Un horizonte que, de cumplirse, no solo enquistaría el escenario sino que convertiría el 9-N en una jornada de impredecibles consecuencias. El paso adoptado por Madrid provocó incredulidad en el president y se produjo en paralelo al acuerdo por la unidad soberanista consensuado por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (Pacto Nacional por el Derecho a Decidir), reunido ayer, y que aprobó por unanimidad un documento donde todos sus agentes -más de 3.000 entidades, incluidos partidos, sindicatos y sociedad civil- se comprometen a “una gran movilización”.

“Todo parece apuntar a que [Mas] pretende sustituir un proceso suspendido que a nuestro juicio era ilegal, y por eso lo recurrimos, por otro todavía más antidemocrático”, justificó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría -tras la reunión del Consejo de Ministros- la iniciativa emprendida en primera persona por Rajoy, quien desde Bruselas reiteró estas mismas palabras y acusó a Mas de querer “viajar hacia la Edad Media”. El Gobierno español entiende que el president está “trasladando a los ciudadanos” de Catalunya -como alcaldes o funcionarios- “las obligaciones y responsabilidades que no está asumiendo por escrito”, por lo que Madrid “hará que se cumpla la ley y que se garanticen los derechos de la ciudadanía”. Según los dirigentes populares, la consulta planteada ahora para el 9-N “carece de garantías democráticas”, ya que “se hace sin censo, las organiza quien está a favor de un determinado resultado, que es a la vez el que reúne las mesas, hace el recuento y luego proclama el resultado”.

“A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades, solo porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso”, recalcó la número dos del Gabinete Rajoy, que aludía así a los correos electrónicos y llamadas telefónicas realizadas desde el Govern para buscar voluntarios a la consulta -son ya 34.916- y poner los medios para celebrarla, pero evitando en todo momento suscribirlo por escrito. El anuncio de Sáenz de Santamaría coincidió además con otro de la Generalitat respecto a que hoy mismo dará comienzo una campaña de carácter “plenamente informativa” sobre el referendo no vinculante.

Al parecer, la especulación de que Mas estaría barajando decretar la convocatoria de esta nueva consulta pocas horas antes del 9-N habría sobresaltado tanto en Moncloa que la posición vacilante inicial de esperar a ver cómo se desarrollaban los hechos ha terminado por decantarse del lado de la impugnación. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un principio con un discurso más conciliador, también ha recuperado el tono de beligerancia después de advertir que el operativo diseñado por el Govern se extralimita de sus atribuciones. Un aparato organizativo cuyos resultados hacen prever un éxito rotundo en la calle que igualmente habría soliviantado al Ejecutivo del PP, que para más inri recurrió también al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.

incredulidad del president “No hemos naufragado. La prueba es que están mirando cómo hundir el barco”, reaccionó Mas poco después del aviso de una posible suspensión del proceso participativo, e incrédulo sobre el comportamiento desempeñado por el Gobierno español ahora que la votación no se deriva de un decreto u otro texto. “Mi determinación es total. Actuaremos en función de qué impugnen. ¿Pero qué van a impugnar? ¿Los voluntarios? ¿Las urnas?”, se preguntó el president, que descartó convocar el 9-N por escrito. “Decían que era un sucedáneo, pero ya no se ríen tanto y ven que vamos muy en serio. Ocurre que antes íbamos de cara y nos hemos dado cuenta de que yendo de esa manera, Madrid te hunde”, describió Mas en una entrevista digital en el diario ara.cat, en la que animó a hacer las cosas bien para el día 10 “no autodesconvocarnos”.

El líder de CiU censuró las “actitudes poco democráticas” del Ejecutivo de Rajoy, “a años luz” del liderado en Reino Unido por David Cameron, y señaló que en la consulta “sí hay censo, otra cosa es que el registro se realizará simultáneo al voto, como pasa en otros lugares del mundo donde debes registrarte antes”. Mas augura una alta participación, “necesaria” para que la iniciativa del Govern cause un “gran impacto”, y apuntó que no hará campaña por el sí-sí, “que es lo que votaré”, al no tratarse de un referendo vinculante; a la vez que lamentó que los partidarios del no descarten tomar parte. Lo que evitó es detallar cualquier cifra de participación porque consideró que podría “romper” el consenso: “Si pongo un porcentaje, los partidos y las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir me pueden decir que de eso no hemos hablado”.

Por último, lamentó Mas que únicamente ha recibido respuesta a una de las 23 peticiones que trasladó a Rajoy. “El Estado ha creado un campo de minas para evitar el 9-N y de vez en cuando debemos dar un saltito”, ilustró, vaticinando que será “un día D de la democracia”. “Si lo pasamos, será un paso grande hacia la victoria”, zanjó el Jefe del Govern, que solo convocará elecciones anticipadas si son de índole plebiscitario. Entre tanto, de puertas adentro, toca tomar “todas las curvas posibles” para burlar a Madrid.