gasteiz - El parlamentario del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, recuperará en los próximos días los 6.160 euros que abonó a requerimiento de la Mesa del Parlamento por el uso del móvil corporativo durante las vacaciones de agosto. Así lo acordó ayer el órgano director del Legislativo autonómico, después de que Telefónica comunicara que hará entrega de este dinero al admitir que emitió una factura “errónea” por no ajustarse a la normativa europea y a las “condiciones del contrato” suscrito con la Cámara autonómica.
El asunto, que EH Bildu denunció públicamente sin dar el nombre de los implicados, llegó hasta la Mesa a raíz del elevado gasto del terminal en posesión del ex secretario general de los populares vascos, una cuantía que se facturó durante los 15 días que Oyarzábal pasó en Indonesia durante el descanso estival. El aforado tardó 24 horas en devolver la cuantía solicitada por la Mesa, pero ante el revuelo generado agregó una detallada lista de las llamadas y el uso del móvil durante el citado periodo. En concreto, Oyarzábal demostró que realizó 16 llamadas con una duración de 22,9 minutos y que recibió 14 que duraron 25,9 minutos, sumando entre todas un total de 142 euros. El susto llegó cuando por transferir datos por volumen de 601 megabytes la factura superó los 6.000 euros.
La filtración de la noticia provocó que Oyarzábal hiciera públicos estos números, así como su intención de presentar una queja y solicitar el amparo de la Mesa, dos peticiones que el órgano director admitió en su último encuentro de este martes. En este sentido, el foro que reúne a representantes de PNV, EH Bildu, PSE y PP reconoció que fruto de la filtración de este asunto “ha habido un claro daño a la imagen y al honor del parlamentario”, por lo que se abrirán diligencias informativas para “depurar posibles responsabilidades” y “reparar los daños causados”.
Esta respuesta no satisface al PP, desde donde echan de menos, según trasladaron ayer a este periódico, “que no se le haya pedido perdón a Iñaki”. Además, criticaron la forma de gestionar el asunto, al pedir al aforado que pagara los más de 6.000 euros “basándose únicamente en una hoja de excel en la que figuraban las cantidades y sin tan siquiera una factura”.