Lakua establece “el primer paso” para la reinserción de los presos

Con una “cobertura institucional de dos años”, según explicó Fernández, el programa propone que el recluso firme, de manera “personal y voluntaria”, una declaración -“una puerta de entrada de trámite, normal”- que refleje “un compromiso de contribución a la consolidación definitiva de la paz y la convivencia”.

A partir de ahí, una comisión gestora creada por el Gobierno vasco y compuesta por un grupo de personalidades de trayectoria “plural, multidisciplinar y reconocida” propondrá al recluso, según su propio perfil y situación personal, uno de los cuatro recorridos prefijados, que es donde Fernández puso la importancia del programa, y que girarán en torno a compromisos académicos, asociativos, institucionales o solidarios.

A partir de ese momento, el recluso contará “con el apoyo de la institución o entidad que patrocina el itinerario”, con una persona responsable a su cargo. Desde el Gobierno vasco, el preso puede recibir -si las necesita- ayuda psicológica, para la reinserción laboral o para la búsqueda de vivienda.

Al final del proceso, deberá realizar un proyecto “a modo de conclusión” y que constituya “una aportación constructiva a la sociedad”. Según explicó Fernández, la comisión gestora elaborará después un dictamen -favorable o desfavorable- cuya “referencia básica será valorar si el compromiso asumido con la paz y la convivencia conlleva un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos del pasado, del presente o del futuro”. Más aún, es al final de este trayecto cuando el recluso debería expresar “un reconocimiento autocrítico del daño causado a las víctimas”. Conseguido el visto bueno, el Ejecutivo vasco trasladaría la certificación “a las instituciones competentes”.

Realidad compleja Fernández, que anunció que ahora comenzarán los “contactos oficiales” con agentes políticos y sociales, asociaciones de víctimas, asociaciones de presos, personalidades y expertos -un plazo de cinco meses “prorrogables” para mejorar el programa- no ocultó que Hitzeman, que recoge y sistematiza experiencias anteriores -entre ellas, la vía Nanclares-, se topará con la realidad penitenciaria más pronto que tarde.

El secretario general de Paz y Convivencia reconoció que “el Gobierno vasco no puede ofrecer ninguna garantía porque no está en su mano. Ofrece un recorrido cuyo punto de llegada se queda a las puertas de donde se toma la decisión: en buena medida, en las juntas de tratamiento de las cárceles y en los jueces de Vigilancia Penitenciaria. Ocurre lo mismo con presos condenados por otro tipo de delitos. Nosotros, con nuestras competencias, damos un paso para abrir una vía y avanzar. Decimos: se ha seguido este proceso y es nuestra opinión”.

Fernández, que insistió en que “no es una fórmula mágica, ni pretende crear expectativas falsas de solución a una problemática muy compleja y poliédrica”, defendió que se trata de una “vía legal”, fundamentada en el “principio de reinserción y resocialización de las penas que la Constitución española consagra en su artículo 25.2” y en directivas europeas como la 2012/29/UE y del Consejo del 25 de octubre de 2012 sobre víctimas. Más en un contexto en el que la amenaza de la violencia, y la hipotética reincidencia de estos condenados ha desaparecido.

El secretario general de Paz y Convivencia aclaró que Hitzeman “no es una condición para que el preso acceda a beneficios penitenciarios que le corresponden por ley, independientemente de su posición y situación. Otra cosa es que, si se quiere impulsar un proceso de resocialización, hay que impulsar este tipo de iniciativas”.

Cuestionado por si los presos navarros condenados por delitos de terrorismo podrían acogerse, Fernández avanzó que “es una vertiente de tipo jurídico-administrativo que tendríamos que estudiar”. Dijo, eso sí, que el programa está “abierto a cualquier preso de cualquier cárcel. No puede ocultar que en determinadas circunstancias añadirá dificultades, pero se ofrece de manera universal. La política penitenciaria no será una política estática y esperamos que haya modificaciones en el futuro, que favorezcan algo de sentido común y legal: la reinserción”.

Respuesta de Rajoy El programa estuvo en la mesa en la reunión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente español, Mariano Rajoy. La respuesta de este último, como en todos los demás ámbitos: “Que ya lo estudiaría”. Aun así, Fernández avanzó que “aunque el Gobierno vasco no tenga esa competencia concreta en sus manos (en referencia a la penitenciaria), tratará de llevar el programa adelante sea el que sea el obstáculo”.

Según explicó Fernández, “la gestión de un programa como este sería más fácil disponiendo de la competencia de la política penitenciaria, pero no disponiéndola, este programa no deja de ser un proceso que trata de abrir camino en una dirección”.

Víctimas. Hitzeman persigue ofrecer a las víctimas palabras y hechos de reparación moral, asentados en el reconocimiento de la injusticia que se les hizo padecer; y propiciar procesos sociopolíticos de revisión crítica del pasado y reconocimiento responsable de las vulneraciones de derechos humanos.

Sociedad. Contribuir a la consolidación de la paz y la convivencia desde la aportación que las personas presas puedan hacer; y lograr que la política penitenciaria sea parte de una política de convivencia, de acuerdo a “la realidad social del tiempo” en que ha de ser aplicada.

Presos. Apoyar y reforzar procesos éticos de reflexión autocrítica, reinserción y/o resocialización; y prestar cobertura legal, socioasistencial y material orientada a consolidar procesos de resocialización.

Incorporación. Es “personal y voluntaria” con la firma de una declaración “que reflejará un compromiso de contribución a la consolidación definitiva de la paz y la convivencia”. El Gobierno vasco activa el programa.

Comisión gestora. Compuesta por un grupo de personalidades de trayectoria “plural, multidisciplinar y reconocida”.

Itinerarios. Según el perfil del reo, la comisión gestora propondrá un camino: recorrido de compromiso académico, en colaboración con universidades y otras instituciones académicas; recorrido de compromiso asociativo, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil; recorrido de compromiso institucional, en colaboración con ayuntamientos y otras instituciones; o recorrido de compromiso solidario, en colaboración con proyectos concretos de solidaridad.

Qué ofrece el programa. Incide en tres aspectos: asesoramiento personal y legal, así como apoyo psicológico donde se necesite; apoyo a la inserción laboral para quienes lo requieran, en colaboración con Lanbide, organizaciones empresariales y sindicatos; y apoyo a la búsqueda de vivienda para quien la precise, en colaboración con Etxebide y los ayuntamientos.

Final. Se trata de “certificar que la persona pueda reintegrarse a la sociedad de un modo constructivo porque su compromiso con la paz y la convivencia conlleva un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos en el pasado, en el presente o en el futuro, y la expresión de un reconocimiento autocrítico del daño causado a las víctimas”.

Dictamen. Finalizado el proceso, la comisión gestora “analizará tanto el recorrido como sus conclusiones y emitirá un dictamen final favorable o desfavorable al proceso de reintegración

social. El Gobierno vasco “convalidará esta certificación y dará traslado de la misma ante las instituciones competentes”.

5

La Secretaría General de Paz y Convivencia se da cinco meses “prorrogables” para tratar de mejorar y ’sumar apoyo al programa Hitzeman.