en estos últimos días, la sociedad ha tenido que ver cómo el Ministerio de Justicia indultaba a un guardia civil condenado por omisión de un delito que además grabó mientras se mofaba de ello. Indultado a pesar de ser miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado. El delito consistió en la omisión de socorro, si bien el agravante de haberlo grabado mientras se reía deja claro la bajeza moral del susodicho. Casos como éste, y también el aforamiento y la inviolabilidad absoluta de Juan Carlos I, hacen que las personas tengan la sensación de que hay varias clases de ciudadano y también que esa justicia tan perfecta y tan universal no es tal cosa.
La peculiaridad de los indultos y su arbitrariedad dejan en evidencia y hacen ver las miserias de una medida de gracia que se basa en una ley de 1870 y que fue heredada de las monarquías absolutas y la dictadura franquista. Lo que sí parece claro es que en esto de los indultos existe una especie de coto libre para el gobierno de turno en el que se hace y deshace a gusto del que manda. Unas medidas de gracia que en no pocas ocasiones se han concedido a dedo y por razones tan ridículas como que era “año santo o se acababa el milenio”, tal y como justificó una serie de indultos el exministro de Justicia del Gobierno de Aznar, Ángel Acebes. No debe extrañar, pues, que la sociedad tenga un recelo especial y una sospecha en torno a los indultos que se conceden.
Un indulto es “una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas y que otorga el rey a petición del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros”. En el artículo 130.1 del Código Penal se dice que es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. Su desarrollo legislativo está recogido en los artículos 4.3 y 4 de dicho código pero su naturaleza viene dada por la Ley de Ejercicio de la Gracia de Indulto de 1870.
Su justificación principal es que la “rigurosa aplicación de la ley”, a veces puede llevar a una condena desproporcionada para el delito cometido. Pero la polémica viene determinada porque es el ejecutivo quien la materializa sin exigírsele una justificación que deje claro que ese indulto era merecido. El pasado 17 de junio, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) instó al Gobierno español a sentar a todos los agentes implicados para elaborar una nueva Ley del Indulto.
prudencia En declaraciones a este periódico, el abogado penalista y profesor Miguel Alonso Beltza, admitía la necesidad de utilizar la medida de gracia con “prudencia y cautela” para hacer de ese derecho algo más justo. “ Soy partidario de modificar el procedimiento del indulto”, declaró Alonso, que aboga por que sean los tribunales los que tengan la iniciativa para conceder este derecho y luego, “el poder ejecutivo o la jefatura del Estado lo ratifique o resuelva, pero a partir de los tribunales”, señaló. A juicio del profesor, no deberían ser indultados los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.
El también abogado subraya la utilidad de este derecho en casos en los que se haya demostrado que “el condenado se ha recuperado y es útil para la sociedad” si está reinsertado. Destaca que es muy importante además “la relación del victimario con la víctima y su entorno”, si el condenado se arrepiente y ha pedido perdón, ya que “cuando la víctima es un humano” es necesaria una reparación a la víctima, y no sólo económica. “Es un gesto importante a tener en cuenta”, apostilla.
Los datos hablan por sí solos: en el Estado, si algún gobierno se lleva la palma es el de José María Aznar, que en el año 2000 superó los 1.700 indultos, entre los cuales hubo un paquete de 1.327 concedidos a la vez, lo que en principio está prohibido en el ordenamiento jurídico español. Zapatero y Rajoy tampoco han hecho ascos en lo que se refiere a conceder indultos, con datos muy parecidos. En lo que va de legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha dispensado ya 806 medidas de gracia según el BOE, y desde que se instauró la democracia en el Estado han sido 17.900 los agraciados.
bipartidismo Los indultos también parecen tomar parte en el bipartidismo y dejan situaciones cuanto menos curiosas: las de Gobiernos del PP indultando a miembros del PSOE y viceversa. Un quid pro quo basado en los “favores” de los unos a los otros. Un caso en esta peculiar alianza es el de Juan Hormaechea, antiguo presidente del Gobierno de Cantabria por Alianza Popular que fue expulsado del PP por unas declaraciones sobre los miembros de su partido y fue dos veces indultado, una por Felipe González y otra por Zapatero. A la inversa está el caso de Rafael Vera y José Barrionuevo, miembros destacados del Gobierno de Felipe González y a los que indultó Aznar.
Los indultos más habituales son los relacionados con el tráfico de drogas, los robos y los delitos menores. Sobre todo serían delitos relacionados con la salud pública, pero hay que resaltar que en términos proporcionales o relativos curiosamente son los delitos contra la Administración Pública los que destacan, seguidos de cerca por los delitos de homicidio. Desde el año 2000, son ya más de doscientos los casos de políticos exonerados por penas derivadas sobre todo por malversación, cohecho y prevaricación. Sin embargo, son sólo unos pocos de la larga lista de indultos que se pueden considerar polémicos.
En principio, los reos de toda clase de delitos tienen derecho a ser indultados, a excepción de los que estén siendo procesados criminalmente. Los reincidentes tampoco podrán ser indultados al considerárseles un peligro para la sociedad. Existe una curiosa, a la vez que peligrosa, tradición en el Estado según la cual el Consejo de Ministros indulta en Semana Santa a una decena de presos propuestos por diferentes cofradías. No hay ninguna norma legal que les obligue a ello, pero todos los gobiernos han respetado esta tradición.
ejemplos Por citar algunos de los más controvertidos, uno podría ser el otorgado por Gallardón a cuatro Mossos d’Esquadra condenados por torturas. Otro, el indulto que concedió Zapatero al banquero vasco Alfredo Sáenz, condenado cuando era directivo del Banco de Santander por acusación y denuncia falsas, también el indulto a varios implicados en el caso del Yak 42. Irritante resultó también el indulto de Felipe González al general Alfonso Armada, condenado por el golpe del 23-F. Sin duda, uno de los casos más polémicos fue cuando se otorgó la medida de gracia a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por secuestrar a Segundo Marey.
Como éstos, hay muchos casos que quedaron sin explicar y que vuelven ahora a la palestra. Con el indulto al guardia civil se vuelve a poner en tela de juicio este derecho. Cabe preguntarse si esta medida de gracia es necesaria y positiva para un ordenamiento jurídico o si por el contrario se trata de algo antiguo y arbitrario. La tercera opción sería pensar en el indulto como algo positivo y útil, pero que es utilizado de una forma arbitraria y totalmente despótica. El problema es cuando deja de ser un derecho, para convertirse en un privilegio para determinadas personas, en muchos casos, relacionadas con “el que manda”.
Alfonso armada
Este exgeneral del ejército fue condenado por participar en la rebelión del golpe del 23-F y posteriormente indultado por Felipe González en 1988.
alfredo sáenz
Condenado por un delito de acusación y denuncias falsas, fue indultado por el Gobierno de Zapatero pero el Tribunal Supremo anuló una parte.
josé barrionuevo
Un indulto muy polémico fue el que le concedió José María Aznar al exministro del Interior, condenado por el secuestro de Segundo Marey.
rafael vera
También condenado por un delito relacionado con los GAL y el secuestro de Marey, corrió la misma suerte que Barrionuevo y se le indultó parcialmente.
