gasteiz - La ley reconoce que son víctimas de vulneraciones de derechos humanos y que, por lo tanto, deben ser indemnizadas, pero un recurso presentado por el Gobierno español mantiene en el aire estas ayudas. Ante esta situación, los damnificados por abusos policiales exigieron ayer al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que ponga fin a su intento de veto judicial y evite una segunda "victimación" que no pueden "aceptar ni tolerar".
La portavoz de este colectivo, Inés Núñez de la Parte, confió en un acto público celebrado en Donostia en que la actuación del Gobierno estatal se deba al "desconocimiento" de una realidad que protagonizan familias que "no son ni proetarras ni verdugos", sino que padecieron la violencia de cuerpos policiales y parapoliciales en una etapa de "excesos" en el contexto de la lucha contra ETA.
Los damnificados figuran en un decreto aprobado en la pasada legislatura, con el PSE al frente del Gobierno Vasco, que se diseño para para dar cobertura a las personas que habían padecido este tipo de vulneraciones de derechos humanos entre los años 1960 y 1978. Tras los cambios introducidos por el actual Ejecutivo, la Abogacía del Estado presentó un recurso al considerar que se estaba vulnerando la Ley de Memoria Histórica en la que se recogen las medidas de compensación hacia las personas que fueron perseguidas o atacadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
El llamamiento de este colectivo no es el único que llegará a oídos del presidente del Gobierno español, quien también ha recibido una misiva del Ejecutivo vasco en la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, le demanda que no impida la ejecución de las ayudas económicas y el reconocimiento pertinente a este colectivo.
Según pudo saber este periódico, de las 231 peticiones que se han cursado en Lakua desde que se aprobó el decreto 56 se han resuelto a favor, de las que 47 corresponden a la presente legislatura. Hasta el momento, el Gobierno Vasco ha materializado las ayudas correspondientes en 30 casos.
víctimas del terrorismo La pugna del Ejecutivo autonómico y el estatal a cuenta de las víctimas no se limita a este colectivo. Los damnificados por la violencia terrorista que Interior no reconoce -principalmente del GAL y el Batallón Vasco Español- también han hecho sonar la voz de alarma al carecer de una ayuda que hasta ahora sí recibían.
PNV y EH Bildu comparten sus críticas ante esta medida, según quedó de manifiesto esta misma semana en la comisión parlamentaria en la que los miembros de Egiari zor explicaron su situación. Como consecuencia, la formación jeltzale presentó ayer una iniciativa que elevará a Pleno en la que rechaza la "discriminación" de estas víctimas y exige que se restituyan las ayudas.
