vitoria - Uno de los puntos oscuros en la persecución de la corrupción y los comportamientos poco éticos es la vigilancia del incremento patrimonial injustificado en que pudieran incurrir algunos cargos, y que podría reflejar un enriquecimiento por conductas irregulares. Todos los grupos del Parlamento Vasco apoyaron ayer sin fisuras el dictamen del proyecto que obligará a los cargos vascos a presentar una declaración con todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales adquiridos en los dos años anteriores a desempeñar el cargo y también durante los dos años posteriores a abandonar el cargo. Esos datos tendrán un carácter reservado y solo podrán acceder a ellos los consejeros, el Parlamento, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal.
El dictamen, que tendrá que debatirse en Pleno, prevé sanciones leves por incumplir los plazos para registrar esa información, y sanciones graves y muy graves por presentar declaraciones falsas o no llevar los documentos, lo que puede provocar la destitución o la inhabilitación por diez años. Si hay sospechas de delito, deberá acudirse a la Fiscalía. Así lo recoge el dictamen de la ley reguladora del código de conducta del cargo público, que afectará al lehendakari y sus consejeros, entre otros. - DNA
