MADRID - La política estatal parece haberse adentrado en un nuevo ciclo. Muchos apuntan al fin del bipartidismo y al hundimiento de PP y PSOE, las dos grandes formaciones que han pilotado el Estado tras la dictadura, aunque es demasiado pronto para anticipar que nuevos partidos como Podemos vayan a mantener su pujanza. En cualquier caso, sí ha cundido la impresión de que se está cerrando una etapa. En apenas dos años, y al mismo tiempo en que germinaban el rechazo a los recortes y el descrédito de las instituciones, han ido desapareciendo de la escena los políticos que tuvieron un papel destacado en la Transición: han fallecido el expresidente español Adolfo Suárez, el líder del Partido Comunista Santiago Carrillo, y el dirigente de Alianza Popular y después del PP Manuel Fraga. Anteayer se cerraba el círculo con la abdicación del rey español en su hijo Felipe, mientras el PSOE también aboga por dar paso a una nueva generación. Al mismo tiempo, el Estado de las autonomías, la gran creación de la Transición, ha quedado en el alambre: algunas comunidades quieren devolver competencias al Estado porque no dan abasto en tiempos de crisis, y otras aspiran a más, como Catalunya y Euskadi. Defender una reforma constitucional ha dejado de ser una salida de tono.
Ese contexto ha propiciado que se genere cierta expectativa de reforma, aunque muy limitada porque el Gobierno español, con mayoría absoluta, no se ha mostrado entusiasmado con la idea y ha enfriado cualquier modificación asegurando que no hay consenso. No obstante, los rumores han crecido en las últimas horas, coincidiendo con la abdicación del rey, y el propio president catalán Artur Mas aseguraba crípticamente que el relevo no lo desviará de la consulta prevista para el 9 de noviembre, una afirmación que desde algunos ámbitos consideraron que no venía demasiado a cuento, pero que sí podría tener un trasfondo. En ese sentido, en determinados ámbitos de Madrid se ha comenzado a apuntar que el Gobierno español está preparando una reforma para Catalunya, un cambio en el que podría acompañarlo un PSOE que ya abogó por retocar la norma.
Hasta la fecha, Mariano Rajoy no había adoptado una actitud proactiva y se había limitado a retar a Mas a presentar una propuesta si tan interesado estaba. Ayer fue más allá y, en lugar de despachar la cuestión sin mayor concreción, se prestó incluso a especular sobre su contenido, vio posible que PP y PSOE "se pongan de acuerdo" en una reforma aunque no le pareció un consenso suficiente, y pidió a los partidarios de tocar la Constitución que aclaren si quieren un Estado federal simétrico o asimétrico, hablar de competencias o romper la soberanía española, porque tampoco acaba de ver que haya una suficiente coincidencia de criterios sobre los objetivos. "No me opongo si se me explica con claridad qué es", llegó a decir en el coloquio de The Economist.
Desde Euskadi También podrían contribuir al runrún las palabras del lehendakari, que hace dos semanas, y tras haberse circunscrito a defender la posibilidad de pactar un nuevo estatus para Euskadi en el Parlamento, añadió una nueva arista al debate al abogar por una reforma constitucional que reconozca la realidad plurinacional del Estado. La propuesta no sería estrictamente novedosa porque el PNV ya aprovechó la reforma constitucional pactada por Zapatero y Rajoy en 2011 para tratar de introducir el derecho a decidir, pero desde entonces no la había vuelto a poner sobre la mesa con tanta claridad. Anteayer, tras la abdicación de Juan Carlos I, Urkullu también vio una oportunidad para actualizar los derechos históricos. En esa reforma, el lehendakari plantearía una relación bilateral, de igual a igual, entre el Estado y Euskadi; que la CAV tenga presencia directa en Europa; y que se respeten las decisiones que adopte el Parlamento Vasco.
La coincidencia temporal de los rumores con la abdicación podría no ser más que una casualidad, ya que el nuevo rey podría tener poco que decir en una reforma que corresponde acordar a los partidos y que, además, aún parece lejana, aunque la marcha de Juan Carlos I sí transmite cierta imagen de cierre de ciclo. En cualquier caso, cambiar la Constitución y hacerlo cuanto antes podría convenir al PP. Si no busca una solución para Catalunya, puede encontrarse con unas elecciones plebiscitarias, y con la posibilidad de que ERC llegue al Govern y el proceso soberanista se desboque. El partido de Oriol Junqueras ya ganó las europeas, su primer triunfo en democracia, aunque también podría ser que ERC entrara antes en el Govern de Artur Mas y se presentaran en coalición a los comicios.
Aun así, aunque tuviera al otro lado de la mesa a un interlocutor catalán dispuesto a negociar, entraría en juego un segundo factor: necesitaría el aval del PSOE, inmerso en un proceso de renovación que relevará a Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el PP tiene cierta estima como hombre de Estado. Por ello, podría querer encarrilar antes un acuerdo con Rubalcaba para no exponerse a que la tarea se complique con un nuevo PSOE. En tercer lugar, la escisión a la derecha del PP, Vox, se quedó en 250.000 votos en las europeas y no logró ningún escaño, lo que podría calmar los temores populares y animarlos a dar pasos para evitar un choque entre Madrid y Catalunya.
Políticos de la Transición. En dos años, y mientras afloraba el descontento contra los recortes y las instituciones, han fallecido protagonistas de la Transición como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Fraga. Anteayer abdicaba el rey Juan Carlos I, cerrando así esa etapa.
Crisis del modelo de Estado. Una de las grandes creaciones de la Transición, el Estado de las autonomías, está siendo cuestionado por Euskadi y Catalunya, y también por aquellos que abogan por devolver competencias al Estado. Un partido constitucionalista como es el PSOE también defiende una reforma, en clave federal, para dar una salida al contencioso.
El lehendakari, también ahora, ha apuntado a una reforma para reconocer las nacionalidades históricas, una propuesta de cambiar el marco constitucional que el PNV no exprimía desde 2011.
