madrid - El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió ayer cambios técnicos en el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana tras las objeciones presentadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, que advirtieron de que algunos preceptos de la norma podrían ser inconstitucionales. Fernández Díaz respondió de esta forma a los periodistas antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso en relación a la información que publicó ayer el diario El País de que el Ejecutivo suavizó el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana. "No se trata de suavizar ni de reforzar sino de precisar técnicamente mejor", dijo el titular de Interior antes de reconocer que los informes del CGPJ y el Consejo Fiscal determinaban que algunos aspectos del texto "podrían ser eventualmente inconstitucionales o planteaban algunas recomendaciones que hemos aceptado".
En este sentido, explicó que precisamente la finalidad de que el texto fuera remitido a los órganos consultivos como el CGPJ, el Consejo Fiscal o la Agencia Española de Protección de Datos era precisamente que el proyecto que llegara al Congreso lo hiciera "sin ninguna duda de constitucionalidad". La ley de Seguridad Ciudadana, dijo Fernández Díaz, pretende garantizar la seguridad ciudadana de manera "más eficaz pero sin cuestionar, para nada, ninguna libertad o derecho fundamental" como puede ser el de reunión o manifestación. Por ello, añadió que se han recogido las sugerencias de esos órganos y que el nuevo anteproyecto fue remitido al Consejo de Estado para que elabore también un dictamen. - Efe
