valencia - El desvío de fondos públicos que debían haber sido invertidos en proyectos solidarios en Nicaragua ha supuesto una condena de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para el exconsejero del Partido Popular valenciano Rafael Blasco, según consta en la sentencia de la primera de las tres piezas de la causa. El Tribunal Superior de Justicia valenciano comunicó ayer penas de prisión para Blasco y otros siete imputados que varían entre los tres y los ocho años, así como varias multas de hasta seis millones de euros y una condena de siete años de inhabilitación para uno de los ex altos cargos de su equipo.
La sentencia por el juicio de esta pieza del conocido como caso Cooperación, celebrado entre enero y marzo pasados, considera a Blasco responsable de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en la tramitación de los proyectos presentados por la Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre). Esta entidad compró tres pisos en Valencia con la subvención de 1,8 millones de euros que recibió de la Generalitat para proyectos solidarios en Nicaragua.
Concretamente, se cita al exconseller como "director" de la trama corrupta que desvió fondos de cooperación internacional y que actuó en concierto con el empresario Augusto César Tauroni, aunque la sentencia advierte de que no quedaron determinados ni los términos del acuerdo entre ambos ni las "eventuales contraprestaciones" que recibirían Blasco y sus colaboradores. El concierto se hizo, según la sentencia, con el fin de lograr que le fuesen concedidas a la Fundación Cyes subvenciones por 1,8 millones pese a no reunir los requisitos necesarios, recibiendo posteriormente Tauroni el 25% de esa cifra por su intermediación.
renuncia Horas después de conocerse la sentencia, fuentes del entorno de Blasco informaron de que renunciará "de forma inmediata" a su escaño (como no adscrito, ya que abandonó el PP) en Les Corts Valencianes y de que tiene intención de recurrir una sentencia que considera "profundamente injusta". El portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, había formulado antes una petición en este mismo sentido, al considerar que Blasco debería devolver de inmediato su acta de diputado.
El expresident de la Generalitat Francisco Camps afirmó que "jamás" sospechó de ninguna actuación irregular de su exconseller y se negó a realizar comentario alguno sobre la sentencia, al igual que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de Les Corts, Juan Cotino, quienes únicamente apuntaron que una sentencia o se acata o se recurre. La oposición reaccionó con satisfacción a la sentencia al considerar que "pone fin a la corrupción generalizada que el PP", como aseguró la parlamentaria de Compromís Mireia Mollá, o que supone "el fin de un personaje mafioso que ha sido símbolo del PP", según la socialista Clara Tirado. Ambas diputadas llevaron a Fiscalía las irregularidades que dieron pie a la investigación.
Los diputados de Esquerra Unida colocaron ayer en el escaño del exconseller un cartel con la frase en valenciano "El escaño de la vergüenza". La Coordinadora valenciana de ONGD, personada en el proceso como acusación popular, acogió ayer con satisfacción la sentencia y reclamó la restitución de los fondos "que nunca deberían haber salido del objetivo de salvar a las personas más vulnerables del planeta".
El presidente de la coordinadora, Fernando Contreras, reclamó al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que adopte un compromiso público en Les Corts Valencianes para restituir esos fondos y que vayan "realmente" para apoyar a los más pobres, "no para pagar la deuda pública de la Generalitat". Por el contrario, Arturo Tauroni, hermano del empresario condenado e imputado en las otras dos piezas del caso Cooperación, expresó su "total indignación" con una "sentencia desproporcionada", que no considera "bien fundamentada" por no haber atendido a determinados testigos. - Efe
