Madrid - Tres relatores especiales de Naciones Unidas han enviado una comunicación conjunta al Gobierno para trasladar su "preocupación" por el "retroceso" de la justicia universal en España tras la reforma de la ley aprobada el pasado marzo.

En el marco del primer congreso Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan E. Méndez, explicó que la carta fue enviada "hace poco" a las autoridades españolas.

La comunicación está firmada también por el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, y el presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el argentino Ariel Dulitzky.

Precisamente, ambos relatores pidieron a España que investigue los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo tras visitar hace unos meses nuestro país, para escuchar a víctimas y recabar información para los informes que presentaran próximamente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En la misiva, los expertos de Naciones Unidas trasladan al Gobierno "su preocupación por el retroceso que significa la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial " relativa a la jurisdicción universal, señaló Méndez.

Así, el relator alertó de los ataques a la justicia universal que se está regulando "no solo negativamente y chapuceramente, sino con ánimo de destruir el acceso de las víctimas a la justicia. Hay que armarse de valor para luchar contra la posible supresión de la jurisdicción universal por el ataque sistemático que se vive ahora", advirtió Méndez, que apeló al caso del dictador chileno Pinochet como un ejemplo a seguir.

En su opinión, este causa "fue un antes y un después" en el ámbito de la justicia universal. "Fue muy positivo ese caso, para regular, afirmar y hacer cada vez más efectiva" la aplicación de este principio jurídico.

Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, dijo que la reforma de la justicia universal "merece la peor de las críticas posibles" tanto por su contenido "deficiente" como por la "sorprendente premura" en que se ha tramitado.

Presiones chinas De Prada, que fue magistrado en el Tribunal de Bosnia-Herzegovina para crímenes de guerra, defendió que los jueces españoles continúen asumiendo la jurisdicción universal así como las obligaciones internacionales adquiridas por España en la materia pese a las limitaciones introducidas por el legislador. "La ley es deficiente, está mal redactada y ajustada a un caso en concreto", comentó en alusión a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno contra cinco exlíderes chinos -entre ellos, el expresidente Jiang Zemin- por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet, y que generó fuertes críticas del Gobierno chino.

En su opinión, la reforma "no aporta nada y probablemente consigo muy poco de lo que pretende" si bien, añadió, "enfrenta a los jueces a situaciones muy complicadas".

Por su parte, el exfiscal del Tribunal Superior de Cataluña José María Mena aludió a la necesidad de que la justicia no solo condene sino que también esté capacitado para hacer efectivo el castigo. Mena alertó sobre el riesgo de caer en lo que denominó neocolonialismo jurisdiccional: "Los europeos ponen los jueces y los no europeos ponen los justiciables", señalando que entre los jueces no hay tendencia a caer en esta tendencia. - E.P.