MADRID - En un contexto marcado por el proceso soberanista catalán, el Gobierno español había dedicado hasta la fecha poca atención a las conversaciones en Euskadi para alumbrar un nuevo estatus de autogobierno, entre otras cuestiones porque la ponencia parlamentaria acaba de arrancar, no se sabe qué articulado alumbrará y no será hasta después de las elecciones municipales y forales de 2015 cuando los partidos comiencen a esbozarlo, mientras Catalunya, por el contrario, apuesta por celebrar una consulta el 9 de noviembre de este año, un reto más inmediato en la agenda de Rajoy. Sin embargo, el PNV, coincidiendo con el arranque de la ponencia, ha avisado en las últimas jornadas a Madrid de que tiene "dos problemas", el catalán y el vasco, y ha puntualizado que, a pesar de los vetos del pasado, seguirán intentando ensanchar el autogobierno de Euskadi. Los jeltzales lanzaron su advertencia durante el Pleno del Congreso que bloqueó el traspaso a Catalunya de la competencia para convocar un referéndum, y la repitieron el domingo en el Aberri Eguna, cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió diálogo. Y ayer el Gobierno español terminó echando una mirada a Euskadi, aunque fuera fugaz y con un mensaje de manual. Pero lanzó su primera declaración de calado al margen de sus réplicas de escaso perfil en los debates del Congreso. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el mismo que se ha encargado de fijar en numerosas ocasiones la postura de Madrid sobre Catalunya, avisó de que el Gobierno español está "perfectamente dispuesto a dialogar", pero dentro de la ley y siempre que esas conversaciones incluyan a todas las comunidades autónomas porque "las decisiones de una región afectan a todas".

En declaraciones desde Uzbekistán, Margallo no se salió del guión al apelar a la ley, pero su apuesta por incluir en el diálogo a "todos los territorios que forman la nación española" sí podría resultar llamativa. La lectura más extrema de sus palabras podría traducirse en que Madrid aplicará no solo a una consulta catalana sino a un nuevo estatus vasco el mantra de que la soberanía reside en la ciudadanía española y de que una parte de ella -los vascos o los catalanes- no puede decidir su independencia u organización sin consultarlo a todos los españoles. Implicaría que el nuevo marco debería contar con la aprobación del resto de las comunidades.

Pero queda por ver si el Gobierno español se conformaría con que el estatus pasara el visto bueno del Congreso -como lo estipula el trámite de una reforma estatutaria al uso-, o también si solo se refirió ayer a abrir un diálogo con todas las comunidades para abordar en su globalidad el modelo de Estado y evitar sospechas de componendas con Euskadi o privilegios. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ya ha dejado claro que la renovación del Cupo -el dinero que debe pagar Euskadi al Estado por las competencias no transferidas- se meterá en el mismo saco que la reforma del modelo de financiación del resto de autonomías para que se vea que no hay trato de favor. El PNV ha criticado su planteamiento y ha recordado que la negociación debe ser bilateral y desarrollarse en la Comisión Mixta. Los jeltzales piden llevar esa bilateralidad en lo económico al plano político para que Euskadi pueda relacionarse con el Estado en pie de igualdad, una reivindicación que choca con la visión de Madrid.

El ministro tiró ayer de manual, como podría resultar lógico para evitar tropezar en puertas de las elecciones europeas. Su respuesta podría ser provisional porque aún se desconoce el contenido del nuevo estatus. En cualquier caso, la negociación con el PP se presenta complicada por su mayoría absoluta y por el precedente de sus medidas recentralizadoras que, a juicio del PNV, están laminando competencias, y porque el Gobierno español podría centrar sus gestos en Catalunya, un reto más inmediato y que parece haber llegado a un punto de no retorno.

No obstante, podría facilitar el acuerdo la posición conciliadora del lehendakari, que aboga por la negociación y no por el órdago, y el propio Margallo abrió un resquicio ayer al reconocer que el diálogo es "absolutamente necesario para ir adaptando la realidad política a una realidad que cambia a una enorme velocidad". Por el momento, el acuerdo se intuye complicado, aunque todo podría cambiar si tras las elecciones generales el PP o el PSOE gobernaran sin mayoría absoluta. Las generales, además, coincidirán en el tiempo con la fase resolutiva del debate del nuevo estatus.

Urkullu El lehendakari, por su parte, y tras escuchar las críticas de los partidos a su discurso, lamentó a través de Facebook tener que oír "lecciones de quienes para los que nunca es el momento oportuno para hablar de un nuevo estatus para Euskadi, de quienes su partido en Madrid no pierde oportunidad para vaciar de contenido nuestro actual Estatuto mediante leyes básicas, o de miembros de la justicia vasca [ayer el fiscal Juan Calparsoro dijo que en principio Catalunya y Euskadi no formarían parte de la Unión Europea si se independizaran] que hablan de política pero a quienes todavía no he oído decir ni una sola palabra sobre el incumplimiento flagrante y sistemático de una ley orgánica como es el Estatuto". Por ello, volvió a pedir diálogo. "Los problemas no se resuelven pegando siempre una patada al balón hacia delante. Si realmente se quiere resolver un problema, es el momento de abordarlo. La ponencia sobre el nuevo estatus es el lugar", zanjó.