Gasteiz - A la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, le parece "fatal" que Txema Urkijo retuviera una carta del preso disidente de ETA Kepa Pikabea que iba dirigida a una víctima, pero no lo suficiente como para compartir con otra agrupación de damnificados por la violencia de la banda armada, Covite, la petición de dimisión del asesor de la Secretaría de Paz y Convivencia. En opinión de la exparlamentaria del PP, Urkijo era el "único enlace" que existía hasta ahora entre el Gobierno Vasco y las víctimas del terrorismo, por lo que manifestó su temor ante un posible futuro en el que la "ambigüedad" sea la nota predominante en la actividad de este área del Ejecutivo autonómico.

A pesar de los "muchísimos puntos de desacuerdo" que mantenía con el exasesor, Blanco se mostró muy preocupada por la situación en la que se queda ahora este área de relación con las víctimas porque considera que primará en su gestión la "estrategia" del secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, marcada por "la ambigüedad, la equidistancia y la vieja teoría del conflicto vasco".

"Lamento la destitución de Urkijo", insistió la hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, al tiempo que insistió en que "ya no queda ningún representante -del Gobierno Vasco- que quiera hacer de enlace o que tenga el más mínimo interés en querer llegar y conocer las preocupaciones y los principios que defienden las asociaciones de víctimas". Además, se mostró convencida de que el puesto de Urkijo lo ocupará una persona cercana a las tesis de Fernández, cuya visión del papel de las víctimas de ETA "se aleja bastante" de lo que defienden estos colectivos.

Blanco llegó ayer a Gasteiz de la mano de la Diputación Foral de Araba, la institución que encargó a la FVT un informe sobre la actividad de ETA en este territorio. La presentación dejó en evidencia la sintonía de su diagnóstico sobre la actualidad de las víctimas con el que realizó el diputado general, Javier de Andrés, quien también dudó de las actitudes del máximo responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, para lograr el objetivo fijado por el lehendakari Iñigo Urkullu en la puesta de largo de esta herramienta.

"Es difícil que una persona con ese historial sea ahora la que vaya a lograr la reconciliación o la que pueda trasladar calma y proximidad a las víctimas del terrorismo", valoró el diputado general, después de recordar que Fernández participó en el Pacto de Lizarra. Agregó que, con la salida de Txema Urkijo, el Ejecutivo de Gasteiz "se inclina por el modelo más distanciado de las víctimas, el de Jonan Fernández".

Reto para la sociedad En lo que se refiere al trabajo presentado ayer, Blanco desgranó de forma somera un informe con las 45 víctimas asesinadas por ETA en Araba a lo largo de su historia. De estos casos, 18 no están resueltos, según el trabajo de la FVT, y para corregir esta situación De Andrés solicitó la colaboración ciudadana. "Hay gente que sí sabe quiénes cometieron los crímenes", sostuvo el diputado general, quien consideró que la resolución de estos casos es "un reto para la sociedad alavesa y la vasca".

Junto con la historia de cada uno de los asesinatos, el estudio detalla cuáles de ellos están resueltos con sentencia judicial y cuáles siguen sin esclarecer. Mari Mar Blanco explicó que el informe es consecuencia del estudio que hizo en 2010 su Fundación en colaboración con la Audiencia Nacional, en el que se detalla que se desconoce el nombre de los terroristas que han causado la muerte de 300 personas en el Estado español. En el mismo se relata cómo el primero de los asesinatos en Araba, el del taxista Germán Aguirre, se produjo en 1975 en Villarreal, mientras que el último fue el del guardia civil Juan Manuel Piñuel, en 2008. "Las víctimas necesitamos conocer al detalle todos los asesinatos de ETA", defendió Blanco, quien dejó claro que todavía queda "mucho por hacer" para impedir que se "tergiverse" la realidad.