Madrid. El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el magistrado luxemburgués Dean Spielmann, se congratuló ayer de la "rapidez" con la que España ha aplicado la sentencia de dicho tribunal sobre la doctrina Parot. "La ejecución ha sido más que remarcable, un ejemplo a seguir. Es imposible ejecutar una sentencia más rápido de lo que lo ha hecho España", comentó durante la rueda de prensa anual en la que el tribunal de Estrasburgo hace balance de los últimos doce meses.
Este tribunal condenó el pasado mes de octubre a España por aplicar retroactivamente la doctrina Parot a la miembro de ETA Inés del Río para evitar que saliera de prisión en 2008 y retrasar su excarcelación hasta 2017. En la sentencia, contra la que no cabía recurso, se instaba a las autoridades españolas a garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible.
El Gobierno de Mariano Rajoy acató dicha resolución -a pesar de mostrar su discrepancia- y los órganos judiciales liberaron a Inés del Río y a otros presos de ETA que permanecían en la cárcel en virtud e la aplicación de dicha doctrina, lo que mereció las críticas de las asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo, entre otras organizaciones y sectores, incluyendo algunos vinculados al Partido Popular. En total, han sido excarcelados 63 presos de ETA en virtud de esta sentencia.
La ejecución de la sentencia ha soliviantado a las principales asociaciones de víctimas, que han pedido al Gobierno español que no acate el fallo y que no haga "concesiones" al mundo de ETA. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en el Pleno de hoy el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas de Delito, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre.
El borrador que se somete a debate considera que la norma "merece un juicio positivo" en términos generales, aunque propone ampliar la intervención de las víctimas en la fase de ejecución de las penas.
El Anteproyecto del Ejercutivo del PP establece que las víctimas podrán recurrir la obtención de permisos penitenciarios y la clasificación en tercer grado de sus agresores. Además, el borrador prevé que puedan recurrir también su libertad condicional en casos de condenas superiores a los cinco años de cárcel.
participación víctimas A este respecto, el texto advierte de que la propuesta no prevé la participación de la víctima en relación con la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad, pese a que su opinión, aun no siendo vinculante, posee una especial importancia tanto para la adopción de estas medidas como para el establecimiento de los deberes u obligaciones del penado.
El texto inicial del órgano de gobierno del Poder Judicial propone que la actuación de la víctima se encauce a través de su personación como parte en el proceso con abogado y procurador.
