Los ertzainas imputados en el 'caso Cabacas' llevan su versión por primera vez al juzgado

Se trata de los tres únicos agentes que, en el transcurso de la investigación interna, admitieron haber disparado pelotas de goma en la noche en que Iñigo Cabacas resultó mortalmente herido, además del suboficial que dio la orden a pie de calle. Los próximos jueves y viernes, a razón de dos declaraciones por día, tendrán la oportunidad de ratificar por primera vez en sede judicial su versión de lo sucedido. El hecho de comparecer como imputados amplía, no obstante, su margen de actuación, y así, además de contar con asistencia letrada, tienen derecho a declarar, a no declarar, a no hacerlo contra sí mismos, a no contestar a las preguntas que les hagan las partes, a no decir nada que les pueda perjudicar... Muy al contrario, los ertzainas que han acudido hasta ahora al juzgado como testigos tenían la obligación de contestar, incluso a preguntas que les pudieran perjudicar, al tiempo que debían decir la verdad.

Fuentes del Departamento de Seguridad explicaron que estos cuatro agentes solo han declarado en el atestado que se llevó a cabo en el seno del departamento a petición de la magistrada. "Es lo normal, si alguien declara como testigo lo hace solo de ese modo, no es lógico que se impute a un testigo", señalaron. A preguntas de este periódico, agregaron que, toda vez que "la investigación se está llevando en sede judicial", la Ertzaintza "actúa como policía judicial, con agentes asignados a la jueza".

Con Rodolfo Ares todavía al frente del Departamento de Interior, se asignaron cuatro agentes para trabajar a las órdenes de la jueza instructora. En el transcurso del atestado interno, tres ertzainas reconocieron haber hecho uso de sus escopetas antidisturbios en la noche del 5 de abril de 2012 en el callejón de la calle María Díaz de Haro, tras el partido disputado entre el Athletic y el Schalke 04, lo que ha desembocado en su imputación posterior junto al suboficial al mando de su furgoneta.

El interrogatorio de estos agentes puede resultar, por tanto, relevante porque será la primera vez que declaren delante de la jueza instructora. Pese a ello, la acusación particular asumida por los padres de Cabacas mantiene una actitud de prudencia, y así, la abogada Jone Goirizelaia rehusó opinar sobre estas citaciones y aseguró a este periódico que "si tenemos que hacer alguna valoración la haremos después y tras hablar con los familiares, no antes".

La meta final de este proceso sigue siendo la celebración de una vista oral, a no ser que la jueza decida archivar la causa por considerar que no existen indicios de delito. En este sentido, fuentes policiales consultadas por DNA dieron por sentado que se llegará a juicio: "Cuando hay imputados se entiende que va a haber una vista, por lo que cuando se acabe la instrucción se celebrará un juicio oral", vaticinaron. Las mismas fuentes agregaron que "es como en el caso de la infanta; la han imputado pero eso no quiere decir que sea culpable de nada. Habrá que demostrar que la acusación tiene significado". El propio fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, incidió en esta idea al asegurar el pasado martes en Radio Euskadi que, si bien la imputación "no prejuzga nada" porque hasta que se celebre el juicio y se dicte sentencia los agentes gozan de "presunción de inocencia", sí supone "un paso previo a una posible acusación".

En cualquier caso, estas imputaciones están muy lejos de las pretensiones de la acusación particular, que el 30 de julio del año pasado solicitó la imputación de 40 ertzainas que participaron en el operativo, del entonces viceconsejero de Seguridad Miguel Buen y del que fuera director de la Policía vasca José Antonio Varela. Por este motivo, y tras el auto de la jueza del 6 de noviembre que decretaba las cuatro imputaciones, la parte acusadora interpuso una semana después un recurso que solicitaba su ampliación. Sobre todo, tal y como aseguraron en una rueda de prensa, al mando de la comisaría de Deusto identificado como Ugarteko que, según las grabaciones internas de esa noche que han salido a la luz, ordenó "entrar con todo lo que tenemos" en el callejón, desoyendo al suboficial que le transmitió de forma reiterada que la situación estaba controlada.

Pese a que, según los plazos establecidos, la jueza tenía que haber resuelto este recurso en diciembre, al final la posibilidad de ampliar las imputaciones dependerá de lo que den de sí las declaraciones de finales de esta semana. Así lo adelantó también Juan Calparsoro la semana pasada, cuando afirmó que "es importante escuchar a estos cuatro y, según lo que digan, habrá que esperar a ver qué pasos más hay que dar". La actuación de la fiscalía ha sido criticada reiteradamente por los padres de Cabacas y su abogada, que censuran que el fiscal al cargo del caso no se persona en las vistas ni solicita la práctica de ninguna prueba. El Ministerio Público, de hecho, no ha pedido ninguna imputación.

"Trágico accidente" Respecto al futuro de este proceso, el sindicato mayoritario ErNE aseguró que "lo que queremos es que la justicia actúe, que sea rápida y que dicte cuanto antes una sentencia que clarifique lo que allí ocurrió. Reiteramos lo que siempre hemos dicho, que fue un trágico accidente con un resultado no deseado". El miembro de la Junta Rectora de la central Jesús Uribe destacó que "a partir de ese momento se tomaron una serie de medidas como restringir el uso de esa escopeta al certificar que lo que era un arma disuasoria se convirtió en un arma mortal. Se han dejado de utilizar y solo se permite su uso por agentes especialistas, formados para ello".

En declaraciones a DNA, Uribe insistió en que "como colectivo y como trabajadores queremos que se acabe cuanto antes la instrucción, que se vea la vista oral y que se determinen las responsabilidades que se tengan que determinar, pero que quede claro lo que allí sucedió, cómo sucedió y cuál fue el resultado final. No esperamos más".