madrid. La Mesa del Congreso dio ayer el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la propuesta del Parlament de Catalunya para que se delegue en la Generalitat la competencia para convocar la consulta independentista. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, explicó que la iniciativa ha pasado el primer filtro "sin ningún problema" y que ahora tendrá que pasar el trámite de informe del Gobierno.

El Ejecutivo tiene treinta días para mostrar su conformidad con la proposición, en el caso de que ésta implique aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Transcurridos ese mes sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al Pleno.

Ahora bien, una vez calificada y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, la propuesta catalana tendrá que esperar su turno puesto que las iniciativas procedentes de cámaras autonómicas se debaten por orden de llegada y antes que la del Parlament hay otras esperando.

Cabe recordar que la proposiciones de ley aprobadas por los parlamentos autonómicos se debaten una por una y en el primer Pleno de cada mes, por lo que la iniciativa catalana podría llegar a comenzar su periplo parlamentario en el próximo periodo de sesiones, esto es, después del verano. Esto contrasta con la petición que este lunes hizo la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien reclamó que se agilicen los trámites parlamentarios, hasta donde permita el Reglamento de la Cámara, para que la proposición de ley aprobada por el Parlament se debata cuanto antes. Pero para que esto sea así sólo hay dos posibilidades: que las iniciativas autonómicas registradas con antelación sean retiradas o bien que se solicite su aplazamiento, lo que en todo caso dependería de los autores de la proposición de turno.

Previendo estas dificultades, la intención de CiU, ERC e ICV es registrar el mismo texto pero como iniciativa de sus grupos parlamentarios, lo que garantizaría celebrar el debate esta primavera. En todo caso, antes de su debate el texto debe remitirse al Gobierno, que tiene 30 días para autorizar o no su discusión.

Por esta vía, siempre y cuando estas formaciones se decidan a registrar el texto, la petición catalana podría llegar al Pleno a finales de marzo o principios de abril

rechazo del 85% Sea con la fórmula de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, o con una proposición de los grupos nacionalistas, la consulta independentista será rechazada por cerca de un 85% del Congreso. Si no hay sorpresas votarán en contra los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE -a expensas de lo que puedan hacer los diputados del PSC, aunque no se prevén fisuras- y los cinco de UPyD, a los que habría que sumar los diputados no nacionalistas del Grupo Mixto.

Tras conocer que la Mesa del Congreso había dado el visto bueno a la tramitación, el portavoz de CiU Josep Antoni Duran Lleida consideró que supone un aval a la constitucionalidad de la iniciativa, lo que fue rechazado por la Mesa al entender que es el Tribunal Constitucional la única institución competente para declarar si una ley se ajusta a la Carta Magna.