barcelona. De las palabras a los hechos. El periplo hacia la consulta catalana del próximo 9 de noviembre, cuyo trayecto no está exento de incógnitas, alcanzó ayer el primer escalón legal de la agenda diseñada por los partidos partidarios del derecho a decidir con la aprobación del Parlament -por una abrumadora mayoría que rozó los dos tercios- de solicitar al Gobierno español el traspaso de la competencia para realizar un referendo por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. La emoción embargó incluso a los tres diputados díscolos del PSC que respaldaron la propuesta de CiU, ERC e ICV (87 votos), con la abstención de los miembros de la CUP (3); mientras que Ciutadans, PP y el sector socialista que ampara a su líder Pere Navarro se posicionaron en contra (43 votos). ¿Y ahora qué? ¿Cómo y cuándo acabará esta andadura que cuenta con el apoyo de la mayoría social catalana? De cumplirse las previsiones, ante el enroque del Ejecutivo de Rajoy, todo apunta a elecciones plebiscitarias.
Será la próxima semana cuando las formaciones que ayer emitieron su conformidad con esta petición presenten en forma de proposición de ley a la Cámara baja el texto validado, aunque esta no entrará a debatirlo hasta finales de marzo o, previsiblemente, en abril. El Govern y los defensores de dar la palabra al pueblo, conscientes de que la iniciativa legislativa no saldrá adelante, prevén activar sin prisas la ley de consultas en el Parlament y la convocatoria vía decreto del referendo para la fecha fijada con las dos preguntas ya formuladas. Una vez sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, el Ejecutivo del PP lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional, como ya adelantó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; y es posible que el decreto en cuestión no se plasme hasta después de la Diada del 11 de septiembre, al calor de un clamor ciudadano igual o mayor que el acontecido en los últimos dos años. En este escenario, al president Artur Mas no le quedaría otra que llamar a las urnas para unos comicios con el citado carácter plebiscitario, donde CiU y ERC podrían conformar un binomio que centre su programa en el Estado propio. La diatriba reside en que, descartada una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament y cerrada cualquier vía de diálogo, la culminación del proceso se presenta incierta.
Amén de la baja del diputado socialista Àngel Ros, que la víspera renunció a su escaño y no dio tiempo a sustituirlo, la propuesta otorgó carta de naturaleza a la fractura interna en el PSC, puesto que Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena cumplieron con su amenaza a Navarro y rompieron la disciplina de voto tras un debate que sirvió para que cada grupo se reafirmara en sus postulados. Mas no pudo disimular su satisfacción al ratificarse "una mayoría sólida y amplia" a favor de continuar por la senda hacia el referendo tras una matinal en la que "se han dicho muchas cosas, muchas de ellas bien dichas, pero seguramente no todas", defendiendo la "seriedad y responsabilidad" con la que se desarrolla el proceso. CiU recalcó que la demanda de la Cámara catalana no alude a la independencia, sino a la celebración de una consulta "legal y acordada". "Hoy no votamos el futuro político de Catalunya, sino la forma en que los catalanes lo decidan", proclamó el portavoz convergente, Jordi Turull, quien rechazó que se esté generando división ciudadana. "Luchar para votar solo lleva a la frustración de aquellos que no creen en la democracia", acusando a PP y Ciutadans de inculcar el "miedo" que destilan. ERC advirtió de que, si se impide el referendo pactado, Catalunya utilizará otros caminos, y tanto los dos socios de gobierno como ICV reclamaron al PSC mayor valentía y que se remita a su programa electoral, donde apostó por una consulta con rango de legalidad y acordada, "que es lo que aquí hoy -por ayer- proponemos".
La apelación careció de éxito y los socialistas, con la moral reventada por el desmarque de sus críticos, argumentaron por boca de su portavoz, Maurici Lucena, que su voluntad no es separar a Catalunya de España, sino que pretenden colaborar bajo el marco de una reforma federal de la Carta Magna. "Pretenden que el Congreso acepte un trágala que ustedes imponen unilateralmente", afeó a Mas, erigiendo al PSC como "viejo tronco central del catalanismo político". Su discurso estaba sin embargo implosionado de antemano, desangrado por la ruptura, con Navarro tocado y Rubalcaba, secretario general del PSOE, incapaz de enderezar el rumbo de unas filas que flirtean con la escisión. La CUP basó su abstención en que los catalanes no necesitan "permiso" de Madrid, y en que la vía constitucional y estatutaria nunca entró en sus planes. PP y Ciutadans coincidieron en rechazar una iniciativa que calificaron de "ilegal", emplazando a los defensores de esta a dar por cerrada su reivindicación cuando reciban el portazo previsto, aludiendo a Ibarretxe y emplazando a Mas a no ser "cobarde" y a acudir a exponer sus intenciones en el Congreso.
rechazo de madrid Acogerse al artículo 150.2 de la Constitución fue el recurso del Consell Asesor per a la Transició Nacional, y los partidos que apelan a él saben que no prosperará pero que les cargará de razones visualizando la negativa del Gobierno. Y es que será rechazado por casi un 90% del Congreso (185 diputados del PP, 110 del PSOE -a expensas del PSC- y los cinco de UPyD, a los que se unen los no nacionalistas del Grupo Mixto). Eso sí, este Consejo Asesor habló de hasta cinco vías legales, entre las que diferenciaba las estatales -que emanan de la legislación española- y las catalanas -las leyes del Parlament-, incidiendo opciones como la mediación internacional, gestar una consulta alegal al estilo de las consultas populares de 2009, la declaración unilateral o las elecciones plebiscitarias, donde parece ubicarse la meta. "Que a nadie le quepa duda de que los catalanes votarán y decidirán", proclamó Turull.
