gasteiz. "La política de dispersión nació con ETA y morirá con ETA". La frase pronunciada ayer en el Parlamento Vasco por el portavoz del PP, Borja Sémper, deja patente que el inmovilismo en la política penitenciaria acompañará a la vía policial como estrategia única de este partido ante el ocaso de la banda armada, haciendo caso omiso a las crecientes voces que desde Euskadi le demandan un giro que allane el camino hacia la paz y la normalización.
El Gobierno español se enroca en esta receta y no descarta nuevas oleadas de detenciones como las que la semana pasada privaron de libertad a miembros del grupo de interlocución de los presos de ETA. Así se desprende también de las palabras de Sémper, quien auguró "otros episodios" similares. No fue el único. Desde Madrid, su compañero de partido y portavoz en el Congreso de los Diputados del grupo que sostiene al Ejecutivo, Alfonso Alonso, advirtió que el Gobierno español procederá a disolver "todas las estructuras que puedan quedar" vinculadas a la banda armada, un objetivo en el que enmarcó el resultado de la Operación Jaque desarrollada en Bilbao y Hernani.
El encargo de Génova que materializaron las dos voces del PP en los parlamentos de Euskadi y Madrid no evitó que la Cámara vasca calificara ayer de "relevante" el pronunciamiento del EPPK, en el que el colectivo de presos reconocía el daño causado, y de "grave" la detención de sus interlocutores, dos de la conclusiones que encierra el texto refrendado por PNV y EH Bildu en el marco de la Diputación Permanente. En este órgano, que cumple las funciones del Pleno en los periodos inhábiles del Legislativo autonómico, se desarrolló el debate con carácter de urgencia propuesto por la bancada soberanista sobre el operativo policial que llevó a prisión a abogados vinculados a reclusos de ETA como Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros.
En un principio, EH Bildu tenía la intención de sumar los apoyos necesarios para que el Parlamento censurase la operación "sin base penal" desarrollada contra el grupo de interlocución, pero ante la evidente falta de apoyos -todas las bancadas votaron en contra de esta iniciativa-, Julen Arzuaga anunció su respaldo a la enmienda presentada por el PNV, en la que se aboga por abordar este tipo de asuntos en la Ponencia de Paz y Convivencia.
La manifestación de Bilbao convocada de forma conjunta por PNV y Sortu, después de que la Audiencia Nacional prohibiera la marcha inicial diseñada en defensa de los derechos de los presos de ETA, centró la reprobación de las demás fuerzas parlamentarias, con especial severidad en las críticas vertidas por PP y UPyD. El PSE, por su parte, se sumó a esta visión censora pero, a su vez, pidió al Gobierno español un "discurso de más inteligencia" para que en lugar de jugar al "cortoplacismo táctico" ponga en práctica las "muchas cosas" que pueden hacer para favorecer "esta oportunidad" ante el fin de ETA.
rajoy-quiroga Mientras la Diputación Permanente se reunía, la presidenta de los populares vascos, Arantza Quiroga, compartía en su encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de recuperar "la confianza" con el PNV que haya podido quebrar la marcha del sábado, un objetivo ligado a la voluntad popular de "rebajar la temperatura política" e evitar escenarios de antiguos bloques, según destacaron fuentes del PP tras la hora y media de encuentro en La Moncloa.
Y es que los conservadores pretenden separar las divergencias con el PNV en lo que respecta a cómo se debe gestionar el fin de ETA de la búsqueda de alianzas que sitúen al PP vasco en el eje de la política parlamentaria. Esta estrategia, que tiene su referente en el acuerdo sobre fiscalidad que comparten con PNV, PSE, permitiría, de paso, aislar a la izquierda abertzale y evitar que Sortu "marque la agenda política vasca", como expuso Alfonso Alonso.
