Bilbao. El colectivo de presos de ETA (EPPK) escenificará mañana, sábado, en Durango una imagen de unidad después apenas una semana después de que publicara una declaración en la que cada uno de sus integrantes reconocía el "sufrimiento y daño multilateral" causado y aceptaba someterse a la legalidad para conseguir excarcelaciones de manera escalonada e individual.
La presencia anunciada de militantes de ETA "excarcelados en los últimos meses", la mayor parte de ellos previsiblemente a consecuencia de la aplicación de la derogación de la doctrina Parot, llevó el miércoles a la asociación Dignidad y Justicia a pedir la prohibición del acto de Durango, solicitud a la que se sumó ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó ayer informes a la Ertzain-tza para decidir si permite la cita.
La convocatoria está firmada propiamente por los llamados "mediadores" del EPPK, un grupo que se creó hace más de una década y que está compuesto por exreclusos de la organización terrorista. El formato elegido es una comparecencia ante los medios de comunicación, según se precisa en la convocatoria remitida ayer, con el objetivo de valorar el comunicado de la semana pasada del colectivo de presos. Sin embargo, lo que ha provocado las peticiones de prohibición es el anuncio de que dicho acto abierto a los periodistas contará con la intervención de condenados por su pertenencia a ETA que han salido de la cárcel en los últimos meses tras la derogación por Estrasburgo de la doctrina Parot.
Aunque en la convocatoria no se precisa el número de expresos que podría tomar parte en el acto, fuentes del Ministerio del Interior citadas por algunos medios afirman que podrían llegar a participar el total de los 63 presos de ETA excarcelados a raíz de la derogación de la doctrina Parot.
Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco confirmaron que la Ertzaintza prepara el informe solicitado por el juez Pedraz, pero precisaron que el acto no está comunicado ya que se trata de una convocatoria en el Kafe Antzokia de Durango, un local público pero de gestión privada, por lo que no es obligatorio cumplir dicho trámite. Según estas fuentes, un particular realizó la reserva del local y la misma comprenderá el acto a mediodía con los medios de comunicación -convocatoria que la Ertzaintza enviará al juez Pedraz- seguido de un lunch para un centenar de personas.
Desde diversos ámbitos se hace la lectura de que la convocatoria de mañana forma parte de la ofensiva en la que está inmerso el conjunto de la izquierda abertzale para evidenciar el inmovilismo del Gobierno español en el proceso de paz, en concreto en materia penitenciaria. Ahí se englobaría el comunicado del EPPK en el que deja de lado su petición histórica de amnistía, para dar paso a la aceptación de la legalidad penitenciaria y a los procesos individuales de reinserción. Dicha ofensiva tendría su colofón en la movilización convocada para el próximo fin de semana en Bilbao, donde se pedirá el fin de la dispersión de los presos de ETA. Algunos medios informan de que será tras esta cita en la capital vizcaína el próximo día 11 cuando cada preso comience a enviar a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios su solicitud para ser acercado a cárceles vascas.
Lo que pocos ponen en duda es que el acto de mañana ante los medios de comunicación tiene como objetivo demostrar la fortaleza del colectivo de presos y su unidad respecto a la nueva hoja de ruta adoptada, después de que haya trascendido que un grupo del medio centenar de reclusos dispersos por prisiones españolas y francesas se oponía a aceptar la legalidad para conseguir así beneficios penitenciarios.
El hecho de que en la providencia notificada ayer el juez Santiago Pedraz se dirige únicamente a la Ertzaintza, pese a que la fiscalía había pedido también informes a la Policía y Guardia Civil, se interpreta desde el Gobierno vasco como un "gesto de normalidad", pese a que podría llegar a ser una patata caliente para la Policía vasca si el magistrado ordena la prohibición del acto.
Enaltecimiento En concreto Pedraz solicitó ayer a la Ertzaintza que "con la máxima urgencia le informe sobre la reunión, persona o personas y organización convocante, participantes en la misma, medio por el que se efectúa la convocatoria y su relación con ETA". La petición del juez tiene como origen la solicitud de la fiscalía y la denuncia de Dignidad y Justicia, que pide la prohibición de este acto al entender que puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo, la misma acusación a la que ayer se sumó la AVT.
Según Dignidad y Justicia, el acto tiene como objetivo "mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje al resto de miembros de la organización terrorista ETA que aún se encuentran encarcelados". Añade en la denuncia que la convocante del acto es KT1 (Koordinatzio Taldea), una "subestructura del EPPK" dirigida por Aran-tza Zulueta, abogada imputada en una causa que investiga a varias personas que supuestamente servían de enlace entre ETA y sus presos. Esta asociación afirma, además, que el EPPK forma parte del entramado de ETA.
