El juez Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid. En una providencia destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas de que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos. También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a varios países.
