Nacionalistas y PP dan luz verde a la Ley de Transparencia

MADRID. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno quedó ayer definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai). Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en el Estado español, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la ley ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.

Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas ha acabado abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia católica, como perceptoras de ayudas públicas. Durante el debate de ayer, el caso del extesorero del PP salpicó gran parte de las intervenciones, incluida la del diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, que acusó al PSOE de haber "abandonado" esta ley "por pura táctica de erosión al Gobierno" popular.

El jeltzale Emilio Olabarria afirmó que cada vez atisba menos políticos "honestos" y que esos son los que crean "cierto punto de deslegitimación ante la ciudadanía". Por su parte, CiU desgranó los puntos que no le gustan, como la inclusión de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria que afectan al ámbito competencial autonómico. Joan Josep Nuet (Izquierda Plural) se mostró convencido de que la Ley será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España", ya que su tramitación "ha sido la gran coartada del PP para no practicar la transparencia".