Bilbao. El PNV ha elegido al experimentado jurista Enrique Lucas Murillo, especializado en derecho administrativo y constitucional y que ha desempeñado altas responsabilidades en las áreas jurídicas del Gobierno vasco, para formar parte del nuevo Consejo General del Poder General (CGPJ) que saldrá de su actual proceso de renovación. Lucas Murillo, que fue secretario general de Régimen Jurídico del Ejecutivo vasco entre 1999 y 2006, y presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en el mismo periodo, será, por tanto, el sustituto de Margarita Uria en el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró el 24 de septiembre.

En su trayectoria profesional, tanto en las administraciones públicas como en la esfera privada, así como en las publicaciones que ha alumbrado, este doctor en Derecho ha abordado cuestiones como los conflictos competenciales de la CAV, el Concierto Económico o litigios en general contra todo tipo de instituciones judiciales, sobre todo el Tribunal Constitucional. Nacido en 1958 en Salamanca, Enrique Lucas Murillo inició su carrera profesional en 1984 como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, del que se encuentra en excedencia. Ya en Lakua, fue director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento hasta 1999.

Inmediatamente después, y hasta 2006, ejerció de secretario general de Régimen Jurídico del Gobierno vasco, el órgano que ostentaba la jefatura de los Servicios Jurídicos Centrales del Ejecutivo de Gasteiz. Del mismo dependía a su vez, entre otras, la dirección de lo Contencioso, en la que se tramitaban todos los litigios que afectaban a la administración de la CAV en todos los órdenes jurisdiccionales -incluyendo el Tribunal Constitucional, la Comisión Arbitral y los tribunales de la Unión Europea-.

En el mismo periodo, Lucas Murillo presidió la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el órgano superior consultivo de la CAV, en el que intervino en la emisión de 721 dictámenes -59 anteproyectos de ley, 288 de disposiciones reglamentarias y 304 sobre responsabilidad patrimonial-. Buena muestra de su ámbito de actuación han sido también sus publicaciones, que incluyen El lehendakari: análisis orgánico-funcional, Comunidades autónomas y política europea, Crisis y renovación del Concierto Económico y La impugnación de las disposiciones y resoluciones autonómicas ante el Tribunal Constitucional.

Ya a partir de 2006, y en el ámbito privado, fue nombrado director de la oficina de Gómez-Acebo&Pombo Abogados en Bilbao, cargo que sigue desempeñando. Desde enero de 2008 es asimismo socio de dicha firma, donde ha desarrollado una intensa actividad en asuntos contenciosos, sobre todo ante el Tribunal Constitucional. También ha ejercido la docencia, desde 1981 y de forma sucesiva, en la Universidad Autónoma de Madrid, el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid, la Universidad de Deusto, el Instituto Vasco de Administración Pública y la UPV/EHU, donde permanece desde 1990.

Negociaciones En el proceso para renovar el CGPJ, que se lleva a cabo en el Congreso y el Senado, al PNV le corresponde elegir a uno de los vocales, a CiU otro y el resto, hasta completar la terna de 20, al PP y PSOE. Pese a que aún no se han producido las votaciones en las respectivas cámaras y los nombramientos aún no son oficiales, fuentes del PNV en el Congreso aseguraron que la designación de Enrique Lucas Murillo ya ha sido acordada con el PP. Estas fuentes achacaron el importante retraso en la renovación del CGPJ -ayer se aprobó ampliar el plazo por cuarta vez, hasta el martes de la semana que viene- a las conversaciones de los populares con el PSOE. La futura representante de CiU en el consejo, la diputada Mercè Pigem, fue la primera en salir a la luz el pasado mes de septiembre.

Como partido en el Gobierno español, el PP está asumiendo de forma bilateral las negociaciones con el resto de formaciones implicadas en esta renovación -quedan al margen Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto-. Si el próximo día 12 socialistas y populares llegan a un acuerdo, se convocarán sendas comisiones para votar a los 20 candidatos, lo que podría tener lugar como muy pronto la semana siguiente. En cualquier caso, la previsión que se maneja es que el proceso culmine antes de final de mes.

Propuestas En total, el Congreso y el Senado tienen que elegir a doce vocales de entre jueces y magistrados de carrera, seis por cada cámara, así como a otros ocho vocales -cuatro por cada una- de entre juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Sobre los doce primeros, las mesas de ambas cámaras recibieron antes del verano la lista con los 54 candidatos promovidos por asociaciones y miembros de la carrera judicial.

En paralelo, los partidos deben elegir a ocho vocales de entre juristas de reconocido prestigio, proceso que se abrió el 10 de septiembre con la apertura de un plazo de dos semanas concedido a los grupos parlamentarios para presentar propuestas, en las que tienen que incluir candidatos y suplentes. Ese primer plazo se ha ampliado ya en cuatro ocasiones, incluyendo la prórroga acordada ayer por las Mesas del Congreso y del Senado.