madrid. Cuando la posibilidad de que la infanta Cristina vuelva a ser imputada por el caso Nóos cobra cada vez más fuerza, el juez instructor, José Castro, estrechó ayer el cerco sobre los duques de Palma decretando el embargo de la mitad de su palacete de Pedralbes, propiedad al 50% de la propia infanta y de su marido, Iñaki Urdangarin. Dicho embargo es consecuencia de que Urdangarin no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres. La fianza, con un importe inicial de 8,2 millones de euros, quedó después reducida a 6,1 millones tras descontarle el IVA.

El juez Castro dictó un auto mediante el que embargaba no solo la mitad del inmueble ubicado en Barcelona, sino también otras tres viviendas, dos trasteros y dos garajes situados en Palma y Terrassa, e inscritos a nombre de la mercantil Aizoon, titularidad también del matrimonio e investigada por haberles servido presuntamente para blanquear fondos y defraudar a Hacienda. Los embargos se refieren en todos los casos a la "mitad indivisa" de los inmuebles afectados, ya que todos están inscritos a nombre de él y su esposa o de la sociedad que tienen en común, dedicada inicialmente a la gestión de patrimonio inmobiliario.

En cuanto a Torres, el juez ordenó el embargo de la mitad de siete inmuebles ubicados en Sant Cugat del Vallés, Mataró, Mahón y en la capital balear, algunos de los cuales también están inscritos a nombre de su esposa, Ana María Tejeiro, y de otras empresas de su propiedad investigadas en la trama. Castro entiende que ya ha "transcurrido con notorio exceso el plazo concedido sin que se haya presentado la fianza exigida", por lo que procede ordenar los embargos.

La incautación de todos estos inmuebles permitirá cubrir la caución reclamada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En su resolución de ayer, el juez libró mandamientos mediante los que se requiere que tanto Torres como Urdangarin faciliten los datos registrales de las fincas. Los exsocios recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza para responder a las posibles responsabilidades civiles que se derivasen de los presuntos delitos cometidos. El duque de Palma denunció en su momento que se había vulnerado su derecho de defensa tras decretarse una caución que le abocaba a un "injusto empobrecimiento".

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez instructor del caso Nóos en el que desaconseja iniciar una investigación para determinar si los 1,2 millones de euros que el rey Juan Carlos transfirió en 2004 a una cuenta titularidad de los duques de Palma eran una "donación encubierta". El Ministerio Público alega que, tanto a efectos penales como administrativos, los hechos están prescritos. Igualmente, la Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado incluir como prueba en el caso un correo de carácter íntimo escrito por Urdangarin y que Diego Torres aportó a la causa para acreditar que ambos se reunieron en La Zarzuela con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Citación Precisamente, el juez Castro ha citado a declarar en calidad de testigos el día 16 a Francisco Camps y Rita Barberá por el caso Nóos. Su comparecencia, reclamada por Manos Limpias y por la Fiscalía Anticorrupción, tendrá lugar en la capital valenciana. El magistrado y la Fiscalía viajarán a Valencia para tomarles declaración, puesto que el desplazamiento a Palma de los testigos "se presenta muy gravoso para las arcas públicas".

Los duques de Palma, en una imagen de archivo. Foto: Efe

La Fiscalía rechaza investigar si los 1,2 millones que el rey dio a la infanta eran una "donación encubierta"

El juez Castro cita a declarar como testigos el día 16 a Francisco Camps y Rita Barberá por el 'caso Nóos'

El rey volverá a ser operado de la cadera el día 21

El rey Juan Carlos se someterá el día 21 a una segunda intervención quirúrgica en la que se prevé implantarle una prótesis definitiva tras la infección sufrida en la que tenía en la cadera izquierda, según informó ayer la Casa Real. El monarca español, de 75 años, volverá al Hospital Quirón de Madrid, un centro privado, donde el pasado 24 de septiembre se sometió a la primera operación, en la que se retiró la prótesis afectada y se le colocó una provisional. Las molestias sufridas por el monarca y sus problemas para caminar se debían a una infección en la prótesis implantada hace un año. El paso por el quirófano ha marcado en las últimas semanas la agenda del rey, que no pudo acudir por primera vez a la cumbre iberoamericana de Panamá y que vio limitadas sus apariciones públicas. Esta será la decimocuarta operación a la que se somete a lo largo de su vida y la sexta en el último año y medio. Su estado de salud volvió a abrir el debate sobre una posible abdicación en el príncipe Felipe, que estas semanas ha asumido buena parte de la agenda oficial de la familia real.