Vitoria. En un contexto en que las instituciones públicas buscan la máxima eficiencia por la escasez de recursos, el Parlamento Vasco retomará a partir del día 20 la discusión sobre las duplicidades y disfunciones del entramado institucional de la CAV. Esta legislatura se prevé, además, que los trabajos señalen también las posibles duplicidades de funciones en las que incurriría el Gobierno español en suelo vasco. El Ejecutivo de Patxi López ya intentó aproximarse al debate sobre el reparto competencial y los eventuales solapamientos entre el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, pero PNV, PP y Bildu lamentaron que elaborara su informe sin consultarlo con las diputaciones, y buena parte de la oposición interpretó que solo buscaba arrebatar las competencias fiscales a los entes forales para manejar los impuestos y aliviar así sus estrecheces de tesorería.
Aunque el socialismo acusó a los jeltzales de rehuir el debate, el propio lehendakari Iñigo Urkullu planteó desde el primer minuto de su mandato, durante su discurso de investidura, el análisis del entramado institucional e, incluso, de la Ley de Territorios Históricos, que regula el reparto competencial entre los tres niveles de la CAV. Sin embargo, dejó claro que, a su juicio, la actual arquitectura sería la que ha abonado el progreso de Euskadi. También llevó ese debate a la mesa de partidos convocada por él mismo, y fue uno de los cuatro ejes del pacto propuesto por el PNV al PSE.
El Parlamento aprobó el 24 de enero la creación de una ponencia para estudiar el entramado institucional, y se dio un plazo de colchón para ponerla en pie. Las negociaciones entre PNV y PSE agilizaron su creación, y pudo constituirse finalmente el 12 de junio. El presidente de la ponencia para el estudio de las competencias de las administraciones públicas que actúan en la CAV, el jeltzale Juan Antonio Arieta-Araunabeña, explicó ayer a DNA que ese foro se reunirá el día 20 para perfilar el calendario y las peticiones de comparecencias. Según concreta, y tal y como indica el nombre de la propia ponencia, debería estudiar las competencias de las administraciones que "actúan" en la CAV, lo que también englobaría al Gobierno español, ya que no cabría duda de que opera en Euskadi.
Los partidos constitucionalistas podrían torcer el gesto ante ese debate, particularmente un PP que gobierna ahora en La Moncloa y que ha defendido históricamente posiciones más centralistas de modo que, ante una duplicidad de funciones, podría entender que el causante es el Gobierno Vasco y no el español. En ese sentido, el gabinete de Rajoy presentaba a finales de junio una propuesta para la reforma de las administraciones públicas que endosaba a las comunidades buena parte de las duplicidades, ya que sugería que suprimieran sus tribunales de cuentas y defensores del pueblo, aunque lo hizo a título meramente propositivo y no mostró intención de imponer su criterio. Además, el Ejecutivo de Rajoy también se impuso deberes a sí mismo para adelgazar su estructura. En cualquier caso, no tardaron en surgir las voces que lamentaban que, ante una duplicidad, el Gobierno español pidiera a las comunidades que pusieran fin a sus actuaciones en lugar de hacerlo él, lo que contravendría el principio de la proximidad al ciudadano en la prestación de servicios. En cuanto al PSE, cabría augurar menores discrepancias, ya que jeltzales y socialistas encauzaron un calendario de actuaciones sobre la arquitectura institucional en la negociación de su pacto. Por lo tanto, cabe suponer un debate menos convulso que el alumbrado la pasada legislatura, aunque la discusión sigue siendo sensible, ya que implica a varias instituciones y es previsible que cada una haga valer su ámbito de actuación.
A juicio de Arieta-Araunabeña, si algo distorsiona el correcto funcionamiento de la arquitectura vasca es el propio Gobierno español, quien habría invadido competencias de la CAV a través del copago y de otras medidas puestas en marcha como legislación básica para dificultar que Euskadi pueda sortear su cumplimiento. El jeltzale también cree que podría debatirse la adecuación del número de las fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi en un tiempo de paz. Aunque no rechaza que puedan colaborar con la Ertzaintza en ciertos ámbitos, sí se niega a que Madrid "imponga" una presencia sobredimensionada de sus agentes al margen de sus competencias.
ley de territorios históricos La ponencia alumbrará un informe que dictaminará si hay duplicidades o no y si debe actuarse para acotarlas, ya que podría entenderse que en algunos casos las instituciones se complementan y no ejecutan exactamente el mismo servicio. Con esas conclusiones en la mano, la ponencia estudiaría si las duplicidades son flagrantes y si, para atajarlas, debe modificarse la Ley de Territorios Históricos. En resumen, la reforma de la LTH no sería un objetivo en sí mismo, o un punto de partida, sino que solo se retocaría si una vez finalizados los trabajos de la ponencia y efectuado el análisis de las duplicidades quedara patente que debe analizarse la ley.
Aún no se han fijado plazos para redactar el informe, aunque podría despejarse esa incógnita en la reunión del día 20. PNV y PSE, por su parte, se comprometieron a actualizar la LTH antes de que finalice 2015. La Ley Municipal llegaría en 2014. Durante el mandato de Patxi López, el Gobierno Vasco cuantificó en 403 millones de euros las duplicidades de la CAV, aunque su informe levantó ampollas entre las diputaciones por atribuirles el 50% de las ineficiencias, mientras el Ejecutivo solo incurriría en el 30% y los ayuntamientos se quedarían en un 20%. Además, el informe arrancaba con un reproche hacia los entes forales, a quienes se acusaba de haber declinado la invitación de participar. Las diputaciones contestaron que la invitación se cursó un día después de las elecciones forales, es decir, cuando aún no se habían constituido y el emplazamiento no contaba con un destinatario definido.
En un primer momento, se barajó que una misma ponencia debatiera en esta legislatura sobre el nuevo estatus y sobre las duplicidades, aunque finalmente se han dividido los trabajos en pos del consenso.
